CIUDAD DE MÉXICO. La Suprema Corte de Justicia aprobó iniciar el proceso para extinguir sus seis fideicomisos, lo que liberaría 7 mil 177 millones de pesos para financiar la elección judicial de 2025 y las liquidaciones de juzgadores que dejen sus cargos.
La Ministra Lenia Batres informó en redes sociales que el Pleno de la Corte aprobó ayer, en sesión privada, que la Presidenta Norma Piña inicie los trámites para la extinción, ordenada por el décimo transitorio de la reforma judicial publicada el 15 de septiembre.
Otras fuentes confirmaron la extinción de fideicomisos para pensiones complementarias de mandos medios, superiores y personal operativo; gastos médicos extraordinarios; remanentes presupuestales que datan de la década de los 90, y el Fondo Jurica para financiar proyectos de tribunales, que lleva años ocioso.
La votación fue unánime en cuanto a acatar el transitorio de la reforma Constitucional, y mayoría de siete por autorizar a Piña para que firme los convenios de extinción.
La extinción no afectará los pagos vitalicios de los Ministros en retiro, que salen del presupuesto anual de la Corte.
«Los órganos del Poder Judicial de la Federación llevarán a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no se encuentren previstos en una ley secundaria, por lo que tendrán un plazo máximo de 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto para enterar la totalidad de los recursos remanentes en dichos instrumentos, así como los productos y aprovechamientos derivados de los mismos, a la Tesorería de la Federación», dice el transitorio.
Agrega que los fondos se usarán para implementar la reforma judicial, por lo que el dinero puede servir para pagar la elección de 881 juzgadores federales, cuyo costo ha sido estimado por el Instituto Nacional Electoral (INE) en 13 mil 200 millones de pesos.
El Gobierno había indicado que el dinero de los fideicomisos del PJF sería usado para financiar la reconstrucción de Acapulco, luego decidió enviarlo al Fondo de Pensiones para el Bienestar (FPB), pero ahora tiene primacía el mandato Constitucional de financiar la reforma judicial.
El plazo para la extinción vence el 15 de diciembre, pero suspensiones otorgadas por jueces federales, han dificultado este proceso en lo que respecta a cuatro fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que al cierre de septiembre tenían saldo de casi 10 mil millones de pesos.
Nacional Financiera (Nafin) es la fiduciaria de casi todos los fideicomisos, es decir, es la institución que tiene la responsabilidad legal de resguardar los recursos, y por tanto ha sido señalada como autoridad responsable, en amparos de personal judicial que busca evitar la desaparición de fondos para pensiones complementarias de jueces y magistrados, así como prestaciones médicas.
Si bien el décimo transitorio ordena que el presupuesto anual contemple fondos para este tipo de prestaciones, lo sujeta a que estén previstas en ley o condiciones generales de trabajo.
Cabe recordar que, en 2023, Morena y sus aliados en el Congreso pretendieron extinguir estos fideicomisos con una reforma a ley secundaria, pero esta fue rápidamente congelada mediante amparos y una suspensión en la Corte, concedida por el Ministro Javier Láynez.
La reforma Constitucional, en teoría, no puede ser impugnada ni detenida, pero el CJF y Nafin tendrían que acordar que no acatarán las suspensiones, para que esos fideicomisos se puedan extinguir.