Zacatecas.- Habitantes de Miguel Auza iniciaron un proceso legal contra la minera San Pedro Resource, cuya presa de jales, manejada inadecuadamente desde hace dos años, ha provocado daños al medio ambiente y a la salud. Sin embargo, hasta esta semana se enteraron que no hay condiciones para actuar porque no existe representación legal y la empresa ya dejó de operar.
Así lo informó Guadalupe Badillo Alba, representante legal, quien informó que hace cuatro meses comenzaron con el proceso jurídico ante la Fiscalía General de la República (FGR), debido a que en la población “se han originado discapacidades.
“Están las pruebas y es evidente el lavado de minerales, pues la tierra incluso ya es plateada donde se están tratando los metales provenientes de Chihuahua”, puntualizó.
A pesar de ello, continuó, el jueves que se reunió con el diputado Jesús Padilla Estrada y representantes tanto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) como de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), le informaron que debido a un litigio con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) “y otros problemas”, interrumpieron su actividad en la región.
“La minera tenía que pagar cantidades tremendas que no podía solventar, y no sabemos si les embargaron las instalaciones por los adeudos fiscales. Ellos nos notificaron del paro de actividades, porque ya no se les permitía trabajar desde 2022 por un paro de labores”, precisó.
RESPONSABILIDAD
La abogada puntualizó que si la empresa cambió de titular, el proceso también se debe realizar ante la Semarnat; sin embargo, ello no ha ocurrido, por lo que la responsabilidad del impacto ambiental y a la salud recae en San Pedro Resources.
SIN AVANCES
Guadalupe Badillo refirió que en 2019 recibieron una denuncia por parte de la ciudadanía que se atendió ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que admitió la nulidad del procedimiento
Después, continuó, se quiso realizar una inspección para la reposición del caso; sin embargo, sucedió el paro de actividades y “no hay con quien arienda la diligencia […] ni un representante legal”, lo que imposibilita las acciones de las autoridades federales.
A pesar de ello, la Profepa reconoció que la presa de jales y todo lo que se encuentra en los alrededores “ya se convirtió en un pasivo ambiental”.
FOTO: EL FINANCIERO
ADVIERTEN que los habitantes desarrollaron enfermedades.