CIUDAD DE MÉXICO. Por haber incurrido en prácticas monopólicas, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tendrá que indemnizar a una empresa de taxis, en un caso donde por primera vez se aplicará la legislación que contempla pagos o multas por este tipo de conductas.
El Juez federal Juan Pablo Gómez Fierro –quien ascendió a Magistrado y renunció en octubre– condenó al AICM a indemnizar a la empresa Servicio de Excelencia, y la sentencia quedó firme porque abogados del aeropuerto presentaron los argumentos de su apelación de manera extemporánea.
El fallo se basó en la resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que declaró al AICM responsable de cláusulas discriminatorias en convenios y tarifas con las diferentes agrupaciones de taxistas que operaban en las terminales.
El artículo 134 de la Ley Federal de Competencia prevé que, además de las multas que impone la Cofece, los particulares que sufran daños y perjuicios por prácticas monopólicas, pueden demandar indemnización por la vía civil.
Esta es la primera vez que se dicta una sentencia definitiva e inatacable, una vez que un tribunal de apelación determinó, en mayo de 2024, que el recurso del AICM quedó desierto.
Lo anterior, porque los abogados del aeropuerto tuvieron que haber presentado su escrito de agravios entre el 11 y el 13 de diciembre de 2023, pero lo hicieron hasta el 4 de enero de 2024. Con ello, la sentencia de Gómez Fierro quedó firme.
El pasado 5 de diciembre, el Juzgado Especializado en Competencia Económica, cuyo actual titular es Jonathan Bass Herrera, abrió un incidente de liquidación de daños y perjuicios, en el que se determinará el monto que el AICM tiene que pagar a la empresa.
El aeropuerto alegó durante el juicio que Servicio de Excelencia no tiene derecho a indemnización, porque las prácticas monopólicas no afectaron directamente a dicha empresa, sino solo a otras que ofrecían el servicio cuando inició la investigación de Cofece en 2013.
Servicio de Excelencia replicó que sí tuvo afectaciones, porque no pudo incrementar el número de unidades ni tuvo los descuentos en pagos de tarifas a los que sí accedieron otros permisionarios durante 2009 y 2010.