CIUDAD DE MÉXICO. Un crematorio propiedad de la familia de Luis Gamero Barranco, secretario del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Quintana Roo, fue clausurado por las autoridades tras un cateo realizado luego de que madres buscadoras señalaran que ese inmueble es usado para el delito de desaparición forzada.
La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana quintanarroense, cumplimentó una orden de cateo, girada por un Juez de Control en el establecimiento ubicado en la calle Javier Barros Sierra, esquina con Salvador Novo, en la Colonia Sahop en Chetumal.
Documentos presentados por Luis Gamero Barranco ante el INE en 2021, afirman que la propietaria de ese crematorio es su madre, Florentina Barranco Aguilar. En ese año, la aclaración tuvo que ser emitida debido a la acusación de campaña anticipada contra el político morenista, cuando buscaba la Presidencia Municipal de Othón P. Blanco, presuntamente con el uso de ese negocio.
El cateo de fuerzas estatales al sitio de incineración de la familia del allegado a la Alcaldesa emanada de la 4T Yensunni Martínez, derivó en hallazgos como permisos vencidos para operar. Éste se realizó la tarde del pasado 16 de enero.
«El mandamiento judicial deriva de investigaciones relacionadas con la probable comisión en los delitos de desaparición cometida por particulares, contra el respeto a los muertos, contra las normas de inhumación y/o lo que resulte, en agravio de una víctima del sexo masculino de identidad reservada», señaló la institución.
La víctima según informantes, es Abraham Méndez Chan, de 36 años, reportado como desaparecido desde el 3 de diciembre de 2024, luego de que salió de su hogar para presuntamente realizar una diligencia.
Integrantes del colectivo «Madres Buscadoras de Quintana Roo» denunciaron que el lugar era un crematorio clandestino, indicaron medios locales.
Mediante labores de inspección y procesamiento, los elementos de la Fiscalía aseguraron indicios biológicos, así como material probatorio, los cuales fueron integrados a la carpeta de investigación correspondiente.
Una vez concluida la diligencia, los agentes participantes colocaron los sellos de aseguramiento del predio localizado en las inmediaciones de la antigua terminal de autobuses y de la Dirección de la Policía Estatal de Caminos, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), sitio que quedó bajo resguardo de la FGE en coordinación con policías locales.
Al momento no se han reportado personas detenidas vinculadas con los delitos acusados.
En un pronunciamiento, Funerarias Gamero anunció la suspensión de sus servicios y defendió que goza de «80 años de intachable servicio a la comunidad» y se deslindó de ilegalidades.
«Debido a una diligencia ministerial en las instalaciones de nuestro crematorio, nuestro servicio de cremación no estará disponible. Es de nuestro total interés colaborar con la Fiscalía General del Estado o cualquier otro organismo que sea útil a la ciudadanía en la construcción de la paz de nuestra comunidad», aseguró.
«No está de más mencionar que, dado que nuestra operación es totalmente legal, está en regla y es intachable, confiamos en que esta diligencia pronto será finalizada para así reanudar nuestro servicio de cremación a la brevedad posible y, de este modo, complementar todos nuestros servicios que operan con normalidad», agregó.
Iris Velázquez
Agencia Reforma
