ZACATECAS. Los elementos de la Dirección de Policía Vial Preventiva (DPVP) que son acusados de corrupción y pedir moches no pueden ser juzgados por la Función Pública, sino por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), consideró Oswaldo Caldera Murillo, encargado de la corporación de vialidad.
Aseveró que “el detalle es que son oficiales y el órgano que los rige es el Consejo de Honor y Justicia, a través de Asuntos Internos, dependiente de la SSP”.
Lo anterior, luego de que el secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo, informó que al menos cuatro elementos de la DPVP fueron suspendidos por presuntos actos de extorsión a la ciudadanía.
Caldera Murillo insistió en que, aun cuando hubiera elementos de responsabilidad, es al Consejo de Honor y Justicia al que le toca definir si hay una sanción, que puede ser desde suspensión de cinco a 30 días, inhabilitación o despido.
En otro tema, aseguró que todos los casos de atropellamiento, cuando ocurren, son turnados al Ministerio Público (MP).
“Protección Civil anda en todos lados, pero nada más va y levanta el hecho y se va”, precisó al referirse sobre la mala información que pudiera haber entre los rescatistas, ante supuestas versiones de que los agentes de vialidad dejan escapar a los responsables de atropellamientos.