COREA DEL SUR. Las autoridades de Corea del Sur han informado este miércoles de que la cifra de muertos a causa de los incendios forestales registrados en el sureste del país se han saldado de momento con 24 muertos, una situación que ha llevado a Seúl a declarar el estado de catástrofe a nivel nacional.
El Cuerpo de Bomberos, que sigue luchando para mantener las llamas bajo control, ha alertado de las serias dificultades a la que se enfrentan los efectivos debido al clima seco y la presencia de fuertes ráfagas de viento en las provincias de Gyeongsang del Norte y Gyeongsang del Sur, las más afectadas.
Así, ha confirmado que actualmente hay decenas de dotaciones de bomberos, unos 5.000 efectivos y 560 aeronaves trabajando en las labores de extinción, de los cuales la mayoría se concentran en el condado de Sancheong.
Los incendios comenzaron hace ya cinco días en las inmediaciones de Uiseong y, desde entonces, han avanzado hacia Andong, Cheongsong, Yeongyang y Yeongdeok. Del total de víctimas mortales, 20 han sido halladas en Uiseong, mientras que otras cuatro se han registrado en Sancheong.
Previamente, las fuerzas de seguridad habían confirmado el deceso de 21 personas en el norte de Gyeongsang Norte, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Yonhap.
De momento, se estima que las llamas han calcinado unas 17.000 hectáreas de bosque y más de 200 viviendas y fábricas de la zona. El presidente en funciones del país, Han Duck Soo, ha instado a tomar todas las medidas necesarias para evitar que el fuego siga avanzando y ha lamentado que se trata de los «peores incendios forestales» de la Historia.
Por otra parte, el piloto de uno de los helicópteros que participaban en los trabajos de extinción ha muerto tras estrellarse en una zona montañosa durante las operaciones en Uiseong.
La virulencia de las llamas ha obligado al Ministerio de Justicia a trasladar a cerca de 500 presos de una cárcel en la provincia de Gyeongsang a otros centros penitenciarios del país, si bien en un inicio se estimaba que la medida pudiera afectar a unos 3.500 reos.
Cortesía Europa Press
Agencia Reforma