ZACATECAS. La organización Ciudadanía Participativa de Zacatecas denunció que las autoridades estatales incurrieron en violencia política de género contra la jueza Margarita Quiñones Hernández, quien ordenó la suspensión provisional de la construcción del segundo piso en el bulevar metropolitano.
En rueda de prensa, Sandra Rodríguez Villegas, integrante del grupo, leyó un documento en el que exponen que, tras 14 meses de “lucha democrática y pacífica”, obtuvieron una suspensión judicial de una obra que “carece de los permisos necesarios y estudios técnicos que avalen su viabilidad.
“El viaducto no es necesario, pues no responde a una necesidad real. Existen múltiples soluciones alternativas que las autoridades se empecinan en ignorar”, señaló.
Los denunciantes señalaron que el gobernador David Monreal Ávila y otros funcionarios desacreditaron públicamente la decisión judicial, sugiriendo que respondía a intereses particulares y no a fundamentos legales.
“Hubo un prejuicio de ‘es que es amiga de…’ sin presentar ninguna prueba”, argumentó María Luisa Sosa de la Torre, integrante de la Red Plural de Mujeres.
Por ello, exigieron una disculpa pública para la jueza Quiñones Hernández y advirtieron que continuarán con acciones legales.
CONTINÚAN POR VÍA LEGAL
Las activistas detallaron que ya presentaron dos amparos y preparan un tercero para esta semana, incluyendo una demanda contra Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por presunta omisión en la protección del patrimonio cultural.
“Nosotras nos oponemos al segundo piso porque lesiona el título de patrimonio y niega la posibilidad de acceso a la salud, carreteras y combate a la violencia”, aseveró Sosa de la Torre.
Otro de los voceros, Juan Francisco Valerio Quintero, cuestionó la existencia de “una cláusula de rescisión de contrato por 1 mil millones de pesos”, que calificó como “un pacto de amigos”. Ante ello, advirtió sobre posibles acciones de resistencia civil.
