CIUDAD DE MÉXICO. La Fiscalía General de la República (FGR) llegó a un acuerdo con la inmobiliaria que construyó los siete cuarteles de policía por lo que investigan el gobierno de Silvano Aureoles, a cambio de que repararan un daño millonario, pero aún no lo han pagado.
De acuerdo con fuentes federales, la FGR medió este acuerdo reparatorio en el que se archivó la carpeta de investigación contra los dueños de la Inmobiliaria DyF, siempre y cuando pagara 970 millones 976 mil 940.61 pesos al gobierno de Michoacán.
Durante la audiencia del pasado viernes, en la que vincularon a proceso a cuatro ex colaboradores de Aureoles, uno de los abogados defensores ventiló que el acuerdo reparatorio fue aprobado hace cuatro meses.
«Existe un acuerdo reparatorio que aprobaron el 19 de noviembre de 2024 con María Isabel Mora Reyes, del Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Fiscalía de Combate a la Corrupción, y Azucena Marín Correa, Secretaría de Contraloría Michoacán, con Inmobiliaria DYF, a través de su representante Ana Lorena Gómez Trevilla, un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato», dijo Christian Vizuet, defensor de la procesada Elizabeth Villegas Pineda, ex delegada Administrativa de la SSP de Michoacán.
Según el abogado, quien dio lectura a datos del acuerdo reparatorio incluido en la carpeta de investigación, este convenio fue suscrito el día 25 de ese mes y extinguió la acción penal en favor de los dueños de la empresa constructora.
En la sala de audiencias, la secretaria de Contraloría de Michoacán, Azucena Marín, mencionó poco después que efectivamente existe el acuerdo, pero que todavía no ha «concluido».
«En este momento no se ha concluido la reparación del daño, se está en pláticas con la empresa. Es un acto separado que se convino para recuperar recursos públicos», expresó.
En la diligencia, se le planteó a la Jueza Patricia Sánchez Nava el tema de que el gobierno de Michoacán no ha recibido el pago acordado en este acuerdo reparatorio.
«Esto rebasa las facultades de este órgano jurisdiccional», sostuvo. La juzgadora negó extinguir la acción penal para los cuatro procesados, bajo el supuesto de que Inmobiliaria DyF va a cubrir los daños ocasionados.
Aunque pidieron ese beneficio, la defensa de los imputados también cuestionó que no haya un dictamen de la FGR que establezca cuál es el monto del daño patrimonial.
En la imputación, señalaron, se menciona que el perjuicio equivale a la totalidad de los más de 3 mil 412 millones de pesos pagados, pero los cuarteles de policía fueron entregados y hoy en día funcionan, motivo por el que el daño no puede ser por el monto total.
La Auditoría Superior de la Federación estimó por su cuenta que el daño equivale a mil 52 millones 222 mil 460 pesos, pero esa cifra no tiene el soporte de un dictamen de la FGR ni de ninguna otra autoridad.