ZACATECAS. En lo que va del año, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) atendió más de 78 quejas, las más recurrentes están dirigidas al Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Finanzas (Sefin), informó Abel Salas Vargas, titular de la delegación en Zacatecas.
Precisó que en 2024 se atendieron 504 reportes por temas como orientación, asesoría y declaración, así como quejas por actos indebidos por parte de las autoridades fiscales.
Sobre este último, detalló que comúnmente se trata del embargo de cuentas bancarias: “Cuando algún cliente tiene una deuda con el SAT, la autoridad inicia su facultad de cobro coactivo, es decir, ‘me cobro porque me cobro’”.
Sin embargo, Salas Vargas indicó que el organismo no puede embargar cuentas en las que el contribuyente recibe su salario o pensión, y esto ocurre porque “la autoridad muchas veces no las distingue”.
En estos conflictos la Prodecon interviene “a través de nuestro procedimiento de queja, que es muy expedito. Nosotros le hacemos ver a la autoridad que no es posible, es ilegal y se logra destrabar esas cuentas”, explicó.
Agregó que la procuraduría cuenta con el servicio de representación legal, es decir, ponen a disposición un abogado especialista en materia fiscal a fin de acercar un medio de defensa gratuito para los contribuyentes.
EFECTIVIDAD
El delegado de la Prodecon destacó: “En el área de quejas y reclamaciones tenemos una efectividad de 90 por ciento, por lo que nueve de cada 10 quejas son favorables para nuestros contribuyentes.
Mientras que en el área de representación legal, que es cuando ya llevamos los juicios, se reportó una efectividad de 75 por ciento de asuntos ganados, es decir, siete de cada 10 son favorables para el contribuyente”, precisó.
CASOS INUSUALES
Salas Vargas dio a conocer un caso inusual resuelto por la procuraduría, en el cual se embargó la casa de un contribuyente de forma errónea.
“El detalle es que se equivocó de persona porque el contribuyente y el deudor se llamaban y se apellidaban igual. La autoridad evidentemente los confundió y le quitó un bien a otro contribuyente que no tenía ninguna responsabilidad”, explicó.
Indicó que el conflicto se resolvió luego de acreditar que se trataba de una persona distinta y se le restituyó su bien inmueble.