Juan Antonio Huerta Vázquez, secretario en funciones de Juez Tercero de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF), otorgó la suspensión definitiva de la construcción del segundo piso del bulevar metropolitano, en los juicios de amparo 715/2025-VI y 544/2025-III promovidos por la asociación civil Ciudadanía Participativa y el partido Movimiento Ciudadano (MC), respectivamente.
En ambas resoluciones se expone que gobierno del estado no cuenta con la autorización de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), y solo tiene una autorización provisional para realizar actividades y trabajos preliminares del Coordinador Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Tampoco acredita tener los permisos que deben ser expedidos por el Ayuntamiento de Zacatecas, conforme la normatividad aplicable.
El juzgador enumera los permisos mostrados por parte de las autoridades en la audiencia incidental, realizada el 10 de abril del presente año; sin embargo, advierte que dichos permisos son insuficientes.
No hay permisos
El abogado Darío del Real, representante legal de Ciudadanía Participativa, aclaró que hasta este momento “no hay permisos, no hay dictámenes y primordialmente hay varios conceptos que han sido violados y que los juzgadores han estado aceptando”.
Con ello, destacó, se otorgó la suspensión definitiva la cual fue calificada como “un gran paso”, aunque aclaró que continúa el proceso legal porque todavía no se otorga el amparo.
“El efecto de la suspensión definitiva teóricamente significa que las cosas se queden como se encuentran hasta el momento de conocer la sentencia del amparo”, explicó.
Reconoció que desconocen cuánto tiempo se requiera para dar una sentencia al amparo; sin embargo, advirtió que Ciudadanía Participativa tiene amparos promovidos en los tres juzgados de distrito, además de los colegiados.
Adelantó que continuarán promoviendo amparos en contra de esta obra, “vamos a seguir llenando los juzgados de amparos por tema de estrategia y porque consideramos que es lo correcto”.
Destacó que este trabajo legal promovido por el colectivo de Ciudadanía Participativa es con el objetivo de que la población no sea defraudada, al considerar la afectación en el patrimonio cultural y a los ciudadanos de Zacatecas, además del elevado costo que significa la obra.
Esta obra tiene un costo estimado de 3 mil 652 millones de pesos y forma parte del Plan Integral de Movilidad para el Bienestar (Mobi), que presentó en julio el gobernador David Monreal Ávila.
La construcción contará con una longitud de 3.34 kilómetros, diseñada con cuatro carriles para generar una conexión más rápida y segura.
“Logramos lo impensable”
El académico Rodolfo García Zamora aseguró que “hemos logrado lo impensable, paralizar ese proyecto y lograr que la ciudadanía se dé cuenta que quien debería velar por la legalidad en el estado es quien la está violentando”.
Esto al argumentar que el gobierno del estado está desviando cerca 2 mil 300 millones de pesos de los programas sociales y de infraestructura para destinarlos a este proyecto, así como por iniciar una obra que no es prioritaria.
Ante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este sábado, el académico informó que la buscarán nuevamente para entregarle el expediente completo sobre la lucha legal en contra del viaducto elevado, llamando a que se pronuncie en contra de esta mega obra.
Asimismo, García Zamora llamó al retiro de las mega máquinas que entorpecen la movilidad de los zacatecanos.
Sandra Rodríguez Villegas, comerciante e integrante de Ciudadanía Participativa, explicó que decidieron participar en todos los amparos promovidos por diferentes despachos jurídicos. “Ninguno va por colores o intereses o partidos, lo que nos interesa es que esta obra no se realizara, porque somos afectados”.
No aplica primero los pobres: MC
Marco Vinicio Flores Guerrero, diputado local por Movimiento Ciudadano (MC), celebró que uno de los amparos promovidos por el partido político logró la suspensión definitiva para frenar la construcción del segundo piso.
Explicó que en este recurso legal que promovieron con un grupo de ciudadanos, argumentaron que la movilidad en Zacatecas debe atenderse con otras estrategias, debido a que con este proyecto se le apuesta principalmente a los vehículos particulares y no al transporte público.
“Eso de primero los pobres realmente no aplica con esta obra, porque la gente se mueve principalmente en el transporte público y hay un programa de movilidad que desde 2018 ya se debía de haber desarrollado, si eso se hubiera resuelto no tendríamos ninguna necesidad de un segundo piso”.
Presume suspensión
El abogado Jorge Rada Luévano informó que en tres amparos promovidos por su despacho se les concedió también la suspensión; sin embargo, las resoluciones no fueron compartidas con la prensa y antes se había dado a conocer que las audiencias incidentales estaban programadas para 21, 22 y 24 de abril.
Aun así, declaró en conferencia de prensa, que en estos juicios de amparo las autoridades demandadas son el gobierno del estado y sus secretarías involucradas en la obra: Obras Públicas, de Economía, de Agua y Medio Ambiente, además del Ayuntamiento de Zacatecas.
Señaló que el gobierno estatal no cumplió con la entrega de documentación, lo que causó la suspensión definitiva.
Rada Luévano afirmó que el gobierno tiene casi todas las autorizaciones, solo falta la de UNESCO y la licencia del Ayuntamiento de Zacatecas.