CIUDAD DE MÉXICO. Aunque a nivel federal se registró un avance muy importante al establecerse en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, 12 entidades no han homologado su legislación para hacer cumplir esa disposición, advirtió José Antonio Ruiz, oficial nacional de Protección a la Infancia de Unicef.
Al participar este miércoles en en el foro Las Uniones Infantiles Tempranas y/o Forzadas en México, recordó que del artículo 43 de la LGDNNA indica que las leyes federales y de las entidades federativas establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años.
El artículo obliga también a las autoridades federales, estatales y municipales a «adoptar medidas integrales para la protección de niñas, niños y adolescentes contra las prácticas nocivas de cesión a título oneroso o gratuito con fines de unión e informal o consuetudinaria».
Ruiz detalló que Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Yucatán no han armonizado su legislación estatal en la materia con la federal.
En tanto, mencionó, únicamente las leyes de Aguascalientes y Durango regulan la responsabilidad de la autoridad estatal para establecer las medidas tendientes a prevenir los matrimonios infantiles o las uniones tempranas.
Además, advirtió, las regulaciones en los códigos civiles o familiares estatales son dispares y no contemplan en algunos casos la nulidad por no cumplir la edad mínima, la falta de la edad mínima como un impedimento o la acción penal contra quien busque contraer matrimonio con una persona menor de 18 años y quien lo autorice.
Ruiz remarcó que en 2019 entraron en vigor las reformas al Código Civil federal que eliminaron las dispensas y excepciones para matrimonios de menores de 18 años.
«La erradicación del matrimonio infantil y la uniones tempranas o forzadas requiere de una política pública sólida que articule los esfuerzos institucionales y que priorice el interés superior de niñas, niños y adolescentes, en la ley y en la práctica», afirmó.