CIUDAD DE MÉXICO. Por segunda ocasión en casi un año, un tribunal federal de enjuiciamiento aplazó el inicio del juicio por el delito de acopio de armas contra los 12 presuntos sicarios que atentaron contra Omar García Harfuch, en junio de 2020, cuando era Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX.
El miércoles, cuando ya había iniciado la primera audiencia del juicio, Arturo Medel Casquera, juez de control en calidad de tribunal de enjuiciamiento, acordó posponer las diligencias para julio próximo porque cinco de los acusados cambiaron de abogado y el nuevo no tenían pleno conocimiento del expediente para defenderlos.
«Se determinó que no están dadas las condiciones para abrir el debate correspondiente, de conformidad con lo que dispone el mencionado numeral 391 del código único nacional, toda vez que una de las defensas no se encuentra impuesta de la carpeta de investigación y tampoco se cuenta con los objetos materiales respectivos», acordó el juez Medel.
Los acusados que revocaron a su defensor y designaron a otro son Jonathan Ricardo Ávalos Gudiño, David Hinojosa de la Rosa, Francisco Javier Delgadillo Delgadillo, Narciso Valdez Martínez y Erick Samuel González Álvarez o Erik González Álvarez.
Quienes no cambiaron de representante legal son Tomás Adalberto Chavín Sánchez o Tomás Adalberto Chavarín Sánchez, Luis Enrique Meza Esteves, Julio Campos Ramírez, Jesús Eduardo Valdivia González, José Juan Betancourt Rodríguez, Juan Campos Coral y Fabián Andrés Martínez Soto o Miguel Ángel Carbajal León.
Todos los acusados están presos en los centros federales de readaptación social 13 y 15, en Oaxaca y Chiapas.
Medel tomó la decisión de posponer el juicio, no obstante que ese día acudieron al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente un total de 15 testigos y 12 peritos ofrecidos por las partes.
Su razón principal fue que la propia Fiscalía General de la República le informó que la carpeta de investigación contra los pistoleros consta de 16 tomos de mil fojas cada uno, un volumen vasto de actuaciones que el nuevo litigante debía estudiar para garantizar el derecho a la defensa.
Esta es la segunda vez que se aplaza el juicio contra los supuestos sicarios, ya que el 27 de junio de 2024 se pospuso porque la FGR no pudo presentar todos los medios de prueba ofrecidos para las diligencias.
En aquella ocasión, la Fiscalía debía presentar en el Centro de Justicia 36 pruebas, pero solo pudo presentar 16 y reportó que no había localizado a tres policías y tres peritos que debían comparecer en las audiencias del juicio.
El 26 de junio de 2020 el ahora Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal fue víctima de un atentado al salir de su casa en Lomas de Chapultepec, donde murieron dos de sus escoltas y una mujer que pasaba por el lugar.
A los 12 sicarios se les procesó en el fuero federal por el delito de acopio de armas de fuego porque en dos vehículos les aseguraron 16 armas de fuego, entre ellas pistolas calibre .9 milímetros, fusiles calibre 2.23, 5.56 y 7.62, e incluso «artificios de guerra» como Barret calibre .50, usadas para ataques de unidades aéreas.
Desde el 2023 el proceso fue concluido y en aquel momento la FGR ofreció a los presuntos agresores un procedimiento abreviado, es decir, un acuerdo en el que debían declararse culpables y a cambio recibirían la pena mínima y un descuento adicional a la misma.
Los sicarios no aceptaron la oferta, porque la pena mínima que les ofrecieron no les significa un beneficio real, ya que en el fuero común fueron sentenciados a 316 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio.
Con su oferta, la Fiscalía buscaba ahorrarse el juicio y sus diligencias agotadoras de varios días. Con la negativa de los acusados, la última etapa del procedimiento se programó para junio del año pasado y ya se pospuso en dos ocasiones.
El día que inicien las audiencias, la FGR pedirá condenarlos a 17 años con 6 meses de prisión y a una multa de 26 mil 64 pesos.