El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, anunció la cancelación de la obra del segundo piso en el bulevar metropolitano, debido “a los tiempos para el uso del recurso” y a lo que acusó como corrupción del Poder Judicial.
Este martes, en conferencia de prensa, el funcionario confirmó que el gobierno del estado y la empresa Hycsa, encargada de la construcción, ya iniciaron el trámite para la terminación anticipada de contrato.
“Esa terminación anticipada implica todavía un proceso en el que ya las partes se tendrán que poner de acuerdo. Pero queremos decirles que eso no significa que el proyecto de Movilidad para el Bienestar (Mobi) se vaya a frenar. Al contrario, se va a potenciar”.
El recurso que se tenía contemplado para el viaducto elevado, que se estimó en 3 mil 600 millones de pesos, se destinará a otras obras de infraestructura, de las que, según explicó Reyes Mugüerza, el gobernador David Monreal Ávila dará a conocer próximamente.
Con respecto al costo que representará la cancelación de los trabajos del viaducto, Rodrigo Reyes respondió que “es lo que se tiene que analizar en conjunto con la empresa. La empresa está pidiendo esta terminación anticipada. Tenemos que ver cuál es el análisis financiero de la propia empresa para precisamente llegar a un entendimiento contractual”.
Acusa corrupción
Reyes Mugüerza acusó corrupción por parte del Poder Judicial en los procedimientos legales que se interpusieron contra la obra del viaducto elevado. “Se han presentado 14 distintos amparos, donde el juzgado segundo y tercero de distrito concedieron nueve suspensiones, y el juzgado primero de distrito negó cinco suspensiones, es decir, hay una diferencia de criterios”, argumentó.
Afirmó que hay jueces que actúan en colusión con actores políticos opositores para suspender la construcción del viaducto elevado y el progreso de la entidad.
“Es un caso de politización de la justicia. No es ciudadanía; son menos de 100 personas las que han promovido estos amparos, escudados en el discurso ciudadano para ocultar intereses políticos”, insistió.
Según el secretario, el gobierno estatal tenía los permisos correspondientes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), pero no se tomaron en cuenta por los juzgadores.
Advirtió que hay molestia por el proceso de elección judicial, en el que se renovarán cargos de jueces y magistrados.
“Toda esa corrupción, todo ese enojo que tienen ahora personas juzgadoras que se sentían intocables, pues se ha traducido en decisiones que no están apegadas ni siquiera al análisis legal del que tanto se jactan”, enfatizó.
Señaló al Poder Judicial de hacerle “el caldo gordo” a opositores que han promovido recursos legales para frenar la obra.
“Ellos van a seguir alargando el proceso. Ya tienen una estrategia en cascada para seguir metiendo amparos, más recursos, basados en nada, en aire; mientras que nosotros presentamos y presentamos evidencia, los jueces, las juezas, les siguen dando la razón a estas personas”, expresó el funcionario.
Consideró que si se agotara el proceso legal, se le daría la razón a la administración estatal e incluso aseguró que están por recibir la aprobación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), pero “todo ese proceso va a ser muy largo, entonces la corrupción del Poder Judicial nos ha llevado a tomar una decisión”.
Acompañado por el coordinador general Jurídico, Ángel Manuel Muñoz Muro, y el secretario de Obras Públicas, José Luis de la Peña Alonso, Rodrigo Reyes lamentó que “la irresponsabilidad de los juzgadores” ponga en riesgo el desarrollo del estado, lo que afecta a miles de familias y la cadena de proveeduría local.
Advierte colapso
Rodrigo Reyes rechazó que la oposición al segundo piso fuera voluntad popular, pues recalcó que son menos de 100 personas las que procedieron legalmente en contra de la obra.
“La historia, a estos corruptos, a estas corruptas, las va a juzgar, porque al final, cuando llegue la autorización de la UNESCO, cuando se cuente con todos los permisos, cuando precisamente se colapse el bulevar en 2027, pues a ellos los va a juzgar, no nosotros, la historia”, manifestó.
El proyecto se hará tarde o temprano: DMA
Previo al anuncio de la cancelación de la obra del viaducto elevado, el gobernador David Monreal Ávila afirmó que su gobierno realizó las valoraciones para que continuara el proyecto, porque es una modernización para la entidad.
“No voy a aceptar que se prive del desarrollo a Zacatecas, es un propósito fundamental, voy a seguir persistiendo, insistiendo. Soy necio en mis cosas, más cuando me asiste la razón”, enfatizó.
Expuso que busca que se abra un gran debate social para que la gente opine y decida, “no saben en la maldad y en la perversidad, no miden el daño, el impacto que le causan a un pueblo tan noble como el de Zacatecas”.
El mandatario insistió en que se continuará el trabajo en una mesa para que las suspensiones promovidas por diversos grupos y concedidas por jueces federales permitan retomar la construcción del viaducto elevado, “pronto voy a informar de las acciones”.
“Ese proyecto se va a hacer, tarde o temprano se va a hacer, ahorita lo que no quiero es que me vayan a encerrar, como luego quisieron encerrar por desacato, quiero demostrarles que soy muy respetuoso de la ley, aunque esté torcida, aunque sea objeto de corrupción o de maldad, aun así lo voy a aceptar”, expresó.
Monreal Ávila adelantó que vienen cuatro proyectos importantes en materia de obra pública y que se evalúa si algunas posiblemente sean entregadas a grupo Hycsa, la empresa que construía el segundo piso.
“Ya casi, ni quisiera adelantar porque se van a atravesar los conservadores, pero bueno, nomás voy a adelantar poquito, me dieron ya la buena información que ya me autorizaron y estoy por visitar otras cuatro obras importantes”.
Rechazan uso de PJ como “chivo expiatorio”
El Sindicato de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal rechazó las declaraciones del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, quien acusó a jueces federales de corruptos por las resoluciones de los amparos contra el viaducto elevado del bulevar capitalino.
En un comunicado, firmado por el delegado Carlos Ernesto Alvarado Márquez, la organización calificó los señalamientos como un “intento de usar al Poder Judicial como chivo expiatorio de decisiones mal planeadas o políticamente inconvenientes”.
Aclaró que el Poder Judicial “no existe para favorecer gobiernos ni para frenar proyectos, existe para garantizar que todo acto de autoridad respete la Constitución y los derechos fundamentales”. Los jueces que otorgan suspensiones en juicios de amparo, enfatizó, no responden a partidos ni a simpatías personales, sino “a la ley, a la evidencia presentada y al mandato de proteger a quien acude en busca de justicia”.
El sindicato criticó que se cuestionara el número de personas que promovieron los amparos, al resaltar que esto no deslegitima sus derechos. “En un Estado de Derecho, una sola persona basta para detener lo ilegal. Descalificar a los jueces por emitir resoluciones incómodas es desconocer la división de poderes y alimentar una narrativa peligrosa para la democracia”.
Además, puntualizó que llamar a “democratizar la justicia” mediante votos populares no soluciona los problemas del sistema, los agrava, pues la justicia no puede medirse por encuestas ni por simpatías políticas, sino por su imparcialidad, técnica y legalidad.
La organización de trabajadores recordó que en el PJ se cumplen “cargas de trabajo descomunales, muchas veces sin recursos, sustituciones ni horas extras. Atacan a los jueces, pero silencian las condiciones de quienes realmente sostienen al sistema: los trabajadores judiciales”.
Reiteró que es inaceptable que “se use al Poder Judicial como pretexto para justificar errores de gobierno” o que se les señale de “enemigos de desarrollo”, pues si el proyecto del viaducto tenía sustento legal, debía resistir el escrutinio de los tribunales.
Si la obra fue detenida, fue porque se “demostró que debía suspenderse, así funciona el Estado de Derecho, no a capricho del poder. No confundamos obstáculos legales con enemigos políticos”. El progreso, se subrayó, “se construye respetando la ley”.