MÉXICO. Organizaciones ciudadanas denunciaron formalmente ante el Instituto Nacional Electoral (INE) a candidatos cuestionados por sus lazos con el crimen organizado o delincuentes.
Los 11 aspirantes son los mismos que ha denunciado la agrupación Defensorxs ante las autoridades electorales, pero confían en que ahora sí se haga una investigación, y, si ganan, anulen su triunfo.
Estas son las primeras quejas que se presentan ante el INE luego que el Consejo General aprobó anular las candidaturas si se confirma que tienen órdenes de aprehensión, suspensión de derechos políticos, sentencias por algún tipo de violencia o son deudores alimentarios.
Entre los señalados está Francisco Herrera Franco, quien aspira a ser juez penal en Michoacán. Al aspirante le llaman el «Fiscal de Hierro», pues era Fiscal regional, y lo acusan de estar relacionado con grupos criminales en esa entidad.
José Humberto Padilla Briones, también aspirante a juez penal en Nuevo León, es señalado que en 2023 fue detenido con un arma de fuego y 17 dosis de droga.
También como candidato en ese Estado, pero para ser juez especializado en el Sistema Penal Acusatorio, está Fernando Escamilla Villarreal, abogado de Miguel Ángel Treviño Morales, «Z40», y Eleazar Medina Rojas, «El Chelelo», líderes de «Los Zetas» extraditados a Estados Unidos.
Andrés Montoya García, quien busca ser magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación en Sonora, es hermano de José Antonio Montoya García, ex policía judicial de Sonora acusado de ser el autor material de la desaparición en 2005 del periodista de El Imparcial, Alfredo Jiménez Mota.
Cuando desapareció éste, Montoya García se desempeñaba como subdirector general del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora y él mismo ha reconocido que se reunió con el reportero, especializado en temas de narcotráfico, el día de su desaparición.
Mientras que a Karina Sánchez, Eluzai Rafael, Job Daniel Wong Ibarra, Cesiah Keren León Rocha, Betzabeth Almazán Morales y Cinthia Guadalupe Teniente Mendoza y Madián Sinaí Menchaca Sierra son señalados de estar ligados a Naasón Joaquín García, ex líder de la iglesia Luz del Mundo.
«Consideramos como organizaciones ciudadanas que no puede haber ninguna candidatura que represente un riesgo para la impartición de justicia», criticó el director de Laboratorio Electoral, Arturo Espinosa Silis.
Aunque la mayoría de estos aspirantes no tienen una sentencia firme, como establece la regla, las organizaciones demandan que se investiguen y si existen motivos suficientes retirarles las candidaturas.
El INE ha aclarado que anular candidaturas se dará entre el 30 de mayo y 15 de junio, si se determina que existe una sentencia firme y ganaron.