CIUDAD DE MÉXICO. Una juez federal dictó la formal prisión a la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero (TSJEG) Lambertina Galeana Marín en la causa penal en la que le imputan la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Raquel Duarte Cedillo, Juez Segundo de Distrito en Materia Penal de Toluca, Estado de México, resolvió que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó los indicios suficientes para procesar a la magistrada en retiro por delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada de personas.
Con este resolutivo, la magistrada en retiro continuará internada en el Centro Federal de Reinserción Social Femenil Número 16, en Coatlán del Río, Morelos, al menos durante el trámite de su procedimiento penal.
Su defensor, José Luis García Miranda, adelantó que en breve presentará un recurso de apelación contra el fallo de la juzgadora y también pedirá en paralelo una audiencia para solicitar la libertad provisional o la prisión domiciliaria.
La ahora procesada le acusan de la supuesta omisión que habría ocasionado la pérdida, ocultamiento o destrucción de los videos de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014 y las primeras horas del día siguiente.
Estos registros visuales habrían grabado el momento en que policías locales interceptaron uno de los autobuses con los normalistas la noche en que fueron desaparecidos.
El abogado de la procesada cuestionó el auto de formal prisión porque el TSJEG rindió un informe a la juez Duarte Cedillo en el que informa que no existe documento alguno que acredite que Galeana Marín hubiese sido informada de la existencia de los videos que le acusan haber perdido o destruido.
Además, los técnicos en sistemas Luis Europa Solís Jiménez y Javier Uribe Iturbe declararon a la entonces PGR que el 27 de septiembre de 2014 trataron de guardar los videos en una memoria USB, pero los archivos estaban dañados.
De hecho, uno de los funcionarios manifestó que antes de cumplirse el plazo de 15 días para reutilizar el disco, uno de ellos también intentó 4 veces guardarlos los archivos en un disco duro y tampoco lo consiguió por el daño que habían sufrido por los apagones de electricidad.
«Eso acredita que nunca tuvo conocimiento de estos hechos, le imputan una conducta dolosa, sin embargo, no hay señalamiento de ninguna persona en su contra, se entera de esos videos hasta el 14 de julio de 2015, nueve meses después de los hechos, cuando se presenta el Ministerio Público Federal y le pide autorización para hacer una inspección y se lleva el disco duro», dijo García.
«En conclusión, le imputan que fue omisa de algo que no tuvo conocimiento que existía y que fue destruido y que por esa simple razón es responsable de la desaparición de los 43 normalistas; es contradictoria la FGR, porque por un lado le atribuye destruir evidencia, pero a la hora de justificar dice que fue omisa. Es muy distinta la imputación de la justificación, estamos cayendo en un sinsentido para calmar los ánimos de injusticia que prevalecen en el Caso Ayotzinapa».
El proceso iniciado a Lambertina Galeana Marín deriva de una orden de aprehensión girado originalmente en el 2022, pero que estuvo vigente durante menos de un mes, ya que la FGR, en aquel momento, se desistió de la acción penal.
El pasado 29 de abril la Fiscalía volvió a pedir su captura por el mismo expediente y al día siguiente fue ordenada por la juez Duarte Cedillo. Con base en ese mandato judicial, Galeana fue aprehendida el pasado 14 de mayo.