ZACATECAS. Organizaciones feministas exigieron la vinculación a proceso del rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Rubén “N”, quien fue detenido por una denuncia en su contra en la que se le acusa de violación equiparada a una menor de edad.
En una carta dirigida al gobernador David Monreal Ávila; al fiscal general, Cristian Camacho Osnaya; y al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), Carlos Villegas Márquez, demandaron también que se frene cualquier actuación que obstaculice el proceso y brindar protección integral a la víctima.
Precisaron que el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes argumentó que “se han realizado diversas actuaciones y diligencias para integrar la carpeta de investigación y se recabaron las pruebas suficientes que permitan a la fiscalía proceder”.
Sin embargo, señalaron, “debido a la relación que el presunto responsable demuestra tener con diferentes grupos de poder, hacemos un enérgico llamado a las autoridades para que actúen conforme al debido proceso, con diligencia, imparcialidad, transparencia y, sobre todo, enfoque de derechos humanos e interés superior de la niñez a los que se deben”.
ESCALAN A ONU
En Zacatecas, organizaciones feministas exigieron al Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Sepasev) y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que impulsen una agenda por los derechos de las mujeres universitarias a una vida libre de violencia.
Tras la detención de Rubén “N”, Verónica Aguilar Vázquez, integrante del Grupo de Acompañamiento a las Mujeres de la Comunidad Universitaria, expuso que la principal petición es “derrumbar esta violencia simbólica e institucional de separar las conductas de violencia de un personaje que se desempeñe como docente, universitario o en este caso como rector”.
Argumentó que estas acciones no pueden desvincularse al ámbito privado cuando están ejerciendo un cargo de poder en el ámbito público, “eso nos habla de las violencias estructurales tan arraigadas que hay en la universidad y que es necesario derribar”.
Esta violencia estructural, expuso, puede interpretarse en la protección que existe al interior de la universidad con docentes agresores.
Violencia política de género
Otro de los casos que denuncian es la violencia política de género en contra Jenny González Arenas, ex candidata a rectora de la UAZ.
“Como si estuvieran al mismo nivel un delito de agresión sexual con agravantes y uno de administración fraudulenta, olvidándose del catálogo que la propia Política de Persecución Penal establece como prioritarios de atención por considerarse delitos de alto impacto”, expusieron las organizaciones feministas.
Además, presentaron una serie de exigencias, entre ellas: la investigación a fondo, desde la entraña de las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia, la filtración de información de los expedientes que llevaron a la escandalosa mediatización de estas dos denuncias en concreto.
Asimismo, que la UAZ declare una situación de alerta para ser atendida con urgencia, se puntualice la agenda por los derechos de las mujeres universitarias y se implemente un catálogo de medidas para prevenir, atender y sancionar la violencia, además de darle celeridad al Protocolo de actuación para la atención a la violencia sexual.
También piden que se accione, dentro de la Universidad, la coordinación institucional para una agenda por los derechos de las mujeres universitarias, haciendo realidad la Declaratoria de Cero Tolerancia a la Violencia, “que en el contexto actual, nos sabe a burla”, expresaron.
Otra exigencia es darle celeridad a la conclusión del Protocolo de Actuación para la Atención a la violencia sexual, e implementar con urgencia un catálogo de medidas para prevenir y sancionar la violencia, y armonizar la legislación universitaria, con el acato a la autonomía, respetando que será un trabajo de participación directa de y para la comunidad universitaria.
Además, demandan que se sancione a los docentes que cometan actos de violencia, considerando como conducta grave la de tipo sexual en cualquiera de sus diversidades (abuso, violación, atentados a la intimidad, etcétera); en el caso de los funcionarios, destituirles del cargo.