CIUDAD DE MÉXICO. Pese al rechazo de colectivos de madres buscadoras, el Pleno del Senado avaló, en lo general y particular, el dictamen por el que se reforman distintas disposiciones en materia de desaparición forzada que impulsó la Presidenta Claudia Sheinbaum.
La Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas fue avalada en lo general con 89 votos a favor y 13 en contra.
Más tarde, con 68 votos a favor, 27 en contra y seis abstenciones, el dictamen también fue avalado en lo particular, así como los artículos reservados.
Mientras que la Ley General de Población en materia de fortalecimiento de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas pasó -también en lo general- con 68 votos a favor, 28 en contra y 5 abstenciones.
La discusión giró en torno al dolor de las familias con desaparecidos, el esfuerzo de la Administración de la Mandataria para integrar las voces de los colectivos a la legislación y la violación a la privacidad de todos los ciudadanos.
El priista Ángel García Yánez reprobó que el oficialismo aproveche la simpatía del pueblo hacia las madres buscadoras para meter «por la puerta trasera una agenda autoritaria».
«No sé qué sea más engañoso, si no recibirlas o recibirlas y engañarlas. Nos quieren vender como un acto de justicia para las víctimas, pero realmente es otra medida de control de esas de las que les gusta al oficialismo. No es una ley para buscar desaparecidos, es una ley para vigilar a todos nosotros», lanzó.
Criticó, además, que el Gobierno responda a los reclamos de justicia con bases de datos, vigilancia biométrica y excesos sobre la información personal.
El proyecto presidencial contempla que la Clave Única de Registro de Población (CURP) contenga huellas dactilares y fotografía, además de convertirse en «el documento nacional de identificación de aceptación universal» de carácter obligatorio.
«Se plantea la CURP como un eje de todo un sistema que se busca que concentre huellas digitales, fotografías, datos biométricos y que se convierta en obligatoria para absolutamente todos los trámites que se realicen por entes públicos y privados», alertó la emecista Alejandra Barrales.
Sin embargo, el morenista Manuel Huerta defendió que la CURP biométrica es un «instrumento de justicia» y no de vigilancia.
Sostuvo que es un paso para garantizar que las dependencias y organizaciones que participan en la búsqueda de desaparecidos puedan homologar sus bases de datos.
La también morenista Malú Micher dijo que las reformas son un acierto que cambiará las experiencias de los familiares de las víctimas.
«No es perfecta, ninguna ley lo es, pero sí es un paso firme y necesario; es una respuesta estructural. Esta iniciativa no sustituye la ausencia, no repara por sí sola el daño causado, pero sí puede cambiar el rumbo de la búsqueda», indicó.