SINALOA. Ante el rechazo de periodistas, activistas y organizaciones civiles, diputados morenistas retiraron la iniciativa de reforma que pretendía tipificar la «violencia digital» en el Código Penal, misma que ya era bautizada como «Ley Censura» en Sinaloa.
La decisión de suspender el trámite legislativo de la propuesta fue anunciada tras una reunión entre detractores de la reforma y legisladores en el Congreso estatal. Ésta planteaba de dos a cinco años de cárcel a quien incurra en difamaciones e insultos a través de medios digitales.
«(Que) de manera dolosa y mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos, reales o simulados, de una o varias personas, con el propósito de difamar, desprestigiar, calumniar, injuriar, denigrar, descalificar o causar daño físico, psicológico, emocional, económico o simbólico, en cualquier ámbito de su vida pública, privada o en su imagen personal», decía la iniciativa promovida por el grupo parlamentario de Morena.
María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política y Erika Rubí Martínez Rodríguez, ambas diputadas de Morena eran las autoras de la propuesta.
En el encuentro con activistas y comunicadores, ambas reconocieron la preocupación de los gremios de prensa y activistas, quienes señalaron que la redacción ambigua de las iniciativas podría criminalizar la crítica y la labor periodística, afectando directamente la libertad de expresión y el derecho a la información, y ser usada como instrumento de censura.
En cambio, ofrecieron replantearla en un ejercicio de diálogo con diversos sectores, para lo que anunciaron la apertura de mesas de diálogo.
La Asociación de Periodistas de Sinaloa, A. C. fue una de las voces que expresó su «enérgico repudio en contra de quienes están empeñados en violentar la libertad de expresión» bautizando a la iniciativa como una «ley mordaza».
«El poder político pretende callar las voces críticas, y por eso la ley mordaza que acaban de poner ‘en pausa’. Dejemos muy en claro que para los periodistas, la interpretación equivocada por parte de los poderosos, aunque pretendan que no, se busca silenciar a la sociedad; el ataque en contra de nuestras libertades y nuestros derechos está a la vista de todos (…) a quien se atreva a decirles las verdades que les incomodan», expuso.
Organizaciones como Artículo 19 e Iniciativa Sinaloa también manifestaron su preocupación al alertar que en otras entidades también se ha intentado o se han impuesto sanciones penales con la bandera de regulación al ciberespacio.
«Preocupa de sobremanera a ambas organizaciones que este tipo de iniciativas se estén generando en múltiples estados de la República, consolidando una tendencia a censurar la libertad de expresión», consideraron.
«Es decir, leyes que disfrazan la protección a mujeres o infancia pero terminan legalizando la censura digital.
«Es fundamental señalar que estas iniciativas no se dan en un vacío. Al contrario, se enmarcan en un contexto de aumento de acoso judicial a personas periodistas como mecanismo para inhibir su labor periodística tanto dentro como fuera de línea, a la par una tendencia en el aumento de iniciativas que bajo la justificación de proteger a la población en el espacio digital establecen la legalización de mecanismos de censura y vigilancia masiva y selectiva, esto a pesar de que la organismos internacionales han señalado que la libertad de expresión en Internet debe de contar con el mismo grado de protección que se le otorga de manera tradicional», agregó.
Al mencionar casos como el de Puebla, gobernado por el morenista Alejandro Armenta, subrayaron que la protección de poblaciones vulnerables debe darse «en conjunto con otros derechos humanos» y no a través de la limitación de la libertad de expresión.
Las diputadas Guerra Ochoa y Martínez Rodríguez intentaron defender la intención original de las iniciativas, afirmando que buscaban proteger a mujeres y niñas de nuevas formas de violencia digital, como la suplantación de identidad o las campañas de difamación. Sin embargo, reconocieron la necesidad de garantizar que la aplicación de estas reformas no vulnere la libertad de expresión.
«Este retroceso en el proceso legislativo representa una muestra de apertura y compromiso con la ciudadanía», señaló Guerra Ochoa.
Además del caso de Puebla, donde se avalaron hasta tres años de cárcel a quienes emitan insultos u ofensas en redes sociales, en Campeche, un juez vinculó a proceso al periodista Jorge Luis González, ex director del diario Tribuna, y a Isidro Yerbes, representante legal de Organización Editorial del Sureste, tras ser denunciados por la Gobernadora morenista Layda Sansores por «incitación al odio».
Al comunicador además, el juzgador le prohibió ejercer su profesión y ordenó el cierre del portal por dos años.