En un mundo donde las democracias se erosionan bajo el peso de algoritmos corporativos y gobiernos cada vez más autoritarios, México acaba de protagonizar un acto político inusual: la elección popular de su Poder Judicial.
El domingo, por primera vez en la historia, la ciudadanía pudo participar —aunque sea simbólicamente— en la selección de quienes impartirán justicia en el país. Un experimento democrático que contrasta brutalmente con la deriva global hacia el tecnofeudalismo, donde las decisiones importantes las toman dueños y CEOs, no electos, desde oficinas en California.
Mientras Elon Musk y otros oligarcas compran redes sociales y los gobiernos del otrora “primer mundo” se rinden ante el lobby de las Big Tech, México ensaya un modelo distinto. La elección judicial, impulsada por la 4T como parte de su proyecto de “democratización de la justicia”, contiene una paradoja democrática: ocurre cuando el propio partido en el poder acumula una influencia que sus críticos consideran peligrosa para el equilibrio institucional.
La moneda está en el aire: ¿puede realmente democratizarse la justicia en un sistema político donde el partido dominante controla ya el Ejecutivo, el Legislativo y buena parte de las gubernaturas?
El proceso acumuló su gran cuota de polémica. Por un lado, una oposición que se arroga ínfulas democráticas, pero claudicó su participación en la democracia. Por otro, las dificultades del ejercicio primerizo: los votantes recibieron papeletas con nombres de los candidatos, pero sin información sustantiva sobre sus trayectorias jurídicas (ésa se tenía que acumular semanas antes del sufragio).
Sin embargo, por imperfecto que sea, el ejercicio tiene un valor simbólico en estos tiempos de democracias en retroceso: la ciudadanía, aunque sea de manera limitada, tuvo voz en un proceso tradicionalmente reservado a las élites; sí, las mismas que —en el nombre de la democracia— llamaron a no votar.
Este ensayo de democratización de la justicia llega en un momento singular. Mientras las corporaciones tecnológicas acumulan un poder cuasi judicial —desde Facebook decidiendo qué discurso es válido hasta Amazon controlando una cuota considerable del micro comercio global—, México intenta llevar su Poder Judicial al terreno de lo público.
En el imaginario se antoja como contrapeso: en Silicon Valley, la “gobernanza” la imponen comités no electos que responden a su accionariado; en México, al menos teóricamente, los jueces deben ahora rendir cuentas no solo a sus colegas y a los políticos que los pusieron, sino a la gente común.
No deja de haber un gran riesgo de instrumentalización política. Hay quien teme que si los nuevos ministros se convierten en títeres del poder, en lugar de contrapesos, el experimento habrá servido para disfrazar de participación popular lo que en realidad sería un autoritarismo sofisticado.
Pero si los jueces electos defienden su independencia desde la legitimidad de su elección, podríamos estar ante un modelo interesante para rescatar la justicia del secuestro tanto de las élites tradicionales como de los nuevos señores feudales digitales en un contexto global que se percibe lejano pero no lo es.
El verdadero desafío será evitar que esta apertura democrática termine siendo solo un espejismo. En el contexto del tecnofeudalismo global, donde la ley la escriben los departamentos jurídicos de Apple y Google, México tiene la oportunidad de demostrar que otra justicia es posible: una que responda a la gente, no a los intereses corporativos. Pero para eso necesitará algo más que elecciones simbólicas: requerirá transparencia real, contrapesos efectivos y, sobre todo, una ciudadanía que vigile que esta democratización no sea un discurso vacío.
Al final, el experimento judicial mexicano podría convertirse en caso de estudio para el mundo: un intento de llevar la tercera rama del poder al terreno de lo democrático en plena era del gobierno algorítmico. O, si fracasa, en otra prueba de que incluso las buenas intenciones pueden pervertirse cuando chocan con la realidad política.
Por ahora, vale reconocer el gesto: en un planeta que se desliza hacia la gobernanza corporativa y otros autoritarismos, México al menos está intentando —sí, con algo de torpeza y contradicciones— que la justicia tenga algo que ver con el pueblo al que debe servir.
Después de todo, si vamos a resistir el tecnofeudalismo, necesitaremos más democracia, no menos. Y eso empieza por preguntarnos quién debe controlar hasta las últimas instancias de poder. Aunque sea en una elección con deficiencias pedagógicas e información insuficiente, México acaba de dar un paso peculiar —pero significativo— en esa dirección. Tal vez el mundo deba tomar nota.