CDMX. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, reconoció que ha recibido llamadas de diputadas y de «compañeros del movimiento» para tratar de evitar que establecimientos sean sancionados por la institución que dirige.
En reunión de trabajo con la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, pidió a las y los legisladores no intervenir en el trabajo de la Procuraduría, sobre todo si no conocen los casos que ésta procesa, ya que detrás de ellos se encuentra la defensa de los derechos de una colectividad.
Aunque no quiso dar el nombre de la diputada ni del establecimiento que pretendía beneficiar, narró que hace unos días recibió la llamada de una legisladora, quien le pidió ayuda para una persona que se quejaba por la verificación a una gasolinera.
«Me buscó hace poco una diputada, ayúdale a una gasolinera que no sé qué, perdón, no. Entonces pedí, a ver, muéstrame el acta de verificación, porque la compañera de la gasolinera dijo ‘no, es un abuso, no me notificaron, llegaron por sorpresa y casi, casi con pasamontañas y me verificaron y yo soy honesta’ () O sea, es cómo darle la vuelta», se quejó.
Señaló que «compañeros del movimiento» también han buscado interceder a favor de establecimientos que buscan evitar las sanciones impuestas por la Profeco.
Recordó cuando les tocó verificar un «hotel muy fifí» -del cual no quiso dar el nombre- porque sus precios eran en dólares, cobraban una cuota adicional por la limpieza, no tenía a la vista los precios y en la cocina había cosas echadas a perder y cucarachas, recibieron llamadas de cuatro integrantes del movimiento, cada uno de ellos de mayor nivel jerárquico que el anterior.
«En el transcurso de que estábamos imponiendo los sellos hasta media hora después me hablaron cuatro compañeros del movimiento, pero cada vez eran de más nivel, entonces mi intuición fue, se va a enterar la Presidenta, y le llamé y le dije ‘oiga, Presidenta, estamos aquí’. Me dijo ¿por qué? Por esto y esto, me dijo ‘Iván dale, es tu chamba», detalló.
Ante ello, el titular de la Profeco les pidió a los diputados no intervenir en los procesos que lleva a cabo la institución a su cargo, sobre todo cuando no tienen pleno conocimiento de ellos.
«Podemos ayudar mucho no interviniendo cuando no conocemos bien el caso. Cuando es una injusticia de inmediato le entro, por eso pido los antecedentes de la institución», afirmó.
Escalante lamentó que cada vez que la Procuraduría publica sus informes, las cámaras empresariales «se empiezan a mover para quejarse» de ellos,no obstante, defendió el profesionalismo con el que éstos son desarrollados, además de que informó que les son notificados antes de su publicación.
Como ejemplo, dijo que después de dar a conocer en la Revista del Consumidor de este mes un estudio sobre la calidad de los jamones, hubo quejas y llamadas por todos lados.
«Vas y les dices si les quieres imponer una PIL (Procedimiento por Infracciones a la Ley) y ya brincó la Cámara y ya te dijeron y le mandan oficio a todo el mundo y nos buscan por todos lados. O sea, es cómo le sigo dando la vuelta a mi falta buscando a un compa», lamentó.
Cuestionado sobre el tema de las boleteras, informó que sumaron a la más importante del País al mecanismo de «Conciliaexprés», además de que ya cuentan con varios acuerdos importantes.
«De repente, por ejemplo, no los podíamos notificar, porque la dirección que teníamos de esa boletera no era. Estamos en una mesa de trabajo permanente que encabeza la Subprocuradora Jurídica y la Subprocuradora de Servicios», señaló.
Adelantó que hay voluntad de la boletera más importante, pero no en todos los casos, la responsabilidad de la devolución del costo de los boletos es de ellos.
«Este desafortunado incidente en el Parque Bicentenario, esta boletera solo vendió los boletos. Me decía, cuando se tiene que regresar el monto del boleto, sí, yo le regreso el monto del boleto a las personas que me lo compraron a mí, pero si lo compraron directo en taquilla, no es mía, entonces la responsabilidad de la devolución de los boletos que se compraron en taquilla es del dueño de la taquilla, en este caso del Parque Bicentenario», explicó.
Ante la propuesta de la diputada de Morena, Angélica Álvarez Nemer, de reducir a 72 horas el plazo para la atención de quejas telefónicas, Escalante pidió a los legisladores que no les hagan eso, porque no les daría la vida para cumplir con un mandato de ese tipo.
El funcionario federal informó que actualmente las quejas se persiguen de oficio una vez que son formalizadas, hay un lapso de 15 días para explorar la posibilidad de conciliar y de 70 días más de análisis y para la apertura de un expediente y se consideran hasta tres audiencias antes de emitir una resolución.
«Hay hasta 117 días para poder conciliar una queja, ¿es mucho? Es muchísimo, y desde afuera lo podernos decir: sí, es muchísimo, te lo voy a cortar a 20, sí, nada que se nos va a ir», dijo.
El titular de la Profeco dijo que están intentando reducir los tiempos porque, además de atender el rezago que ya tenía la institución y de atender los casos presentes, se enfrentan a resistencias de los proveedores, que buscan darle la vuelta a abusos e irregularidades.
Escalante se pronunció a favor de establecer penas más severas para el retiro de sellos y la resistencia de particulares, ya que la actual «es de risa».