CIUDAD DE MÉXICO. La Oposición en el Congreso acusó ayer a Morena y aliados de imponer un «Estado Espía», a través de leyes que facultan a instancias de Seguridad y Procuración de Justicia a solicitar la geolocalización de ciudadanos sin mediar orden judicial.
También cuestionaron la facultad que se otorga a las autoridades, en la Ley de Investigación e Inteligencia, a tener acceso a cualquier registro público o privado con información que sea útil para «generar productos de inteligencia».
Lo anterior considera que se abre la puerta a las autoridades a los datos telefónicos de ciudadanos y registros de catastro, de servicios financieros, de salud y de telecomunicaciones, entre otros.
Legisladores de Oposición advirtieron además que la Ley de Población convierte a la CURP con huellas y fotografía de los ciudadanos en «el documento nacional de identificación obligatorio y de aceptación universal», incluso para hacer compras en línea y pedidos a domicilio.
Mientras en el Senado se aprobaron las leyes del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de Investigación e Inteligencia, que para la Oposición configuran el modelo de «Estado Espía», en la Cámara de Diputados se consumó la Ley de Telecomunicaciones, que devuelve al Poder Ejecutivo todas las atribuciones en el sector.
La panista María Elena Pérez-Jaén acusó que la reforma en Telecomunicaciones representa un retroceso de más de 30 años, porque ahora el Gobierno podrá requerir todo tipo de información sin control judicial y sin establecer límites temporales al tratamiento de los datos.
«El Gobierno podría requerirle a las empresas telefónicas todo tipo de información, geolocalización en tiempo real, incluso llamadas y videollamadas, mensajes en conversaciones privadas como WhatsApp, Instagram, X, Facebook o cualquier plataforma digital, las compras que realizamos en Amazon, Mercado Libre, entre otros datos privados que serán del conocimiento del Gobierno de Cuarta», alertó.
La legisladora sostuvo que México tendrá un «Estado espía» y un «Gobierno policía» que podrá saber la ubicación exacta de los ciudadanos, adónde se dirigen o con quienes se reúnen sin que ellos estén enterados de esa vigilancia.
El coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, dijo que la reforma representa la posibilidad de que, sin previa autorización de un juez, un «burócrata convertido en espía», conozca desde el iris del ojo de un ciudadano hasta dónde se encuentra en cada momento de su vida.
«Pronto veremos al Estado espiar y a los delincuentes, con la información del Estado, extorsionar a la gente. Con esto no se logra la seguridad, la seguridad se logra atrapado a los narcotraficantes», expresó el priista.
El diputado morenista Eduardo Castillo rechazó que la reforma promueva el espionaje, y argumentó que lo que busca es la seguridad. «Ustedes que acusan el espionaje, no hay tal, no hay que confundirnos, no hay espionaje, es seguridad», dijo.
En el mismo sentido se expresaron legisladores morenistas en el Senado, como Enrique Inzunza, quien sostuvo que las reformas aprobadas representarán «un hito en la evolución de la procuración de la justicia, de la investigación de los delitos y de su prevención».