CIUDAD DE MÉXICO. Empresarios del sector energético acusaron ser víctimas de sobrerregulación de permisos y de multas por parte de dependencias del sector, así como de extorsión y acoso por parte de las representaciones de la Fiscalía General de la República en los estados.
Integrantes de la agrupación «Gasolineros Unidos por México», que agrupa a propietarios y operadores de estaciones de servicio de combustible, señalaron que la problemática inició desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando se obstaculizaron procesos de regularización de permisos.
No obstante, señalaron, esas prácticas siguen vigentes con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (Asea) y la Comisión Nacional de Energía (CNE).
«En lugar de corregirse institucionalmente ese rezago (de permisos), se ha optado por una política de multas excesivas, acosos y abusos administrativos que están estrangulando al sector. Esto ha derivado en prácticas de extorsión disfrazadas de ‘cuotas’ a estaciones de servicio y expendios de energéticos», se acusó en un desplegado.
«Este entorno ha generado una creciente incertidumbre jurídica y operativa, afectando directamente a quienes hemos apostado por trabajar dentro de la legalidad. Lejos de mejorar, la situación ha empeorado: hoy es más difícil y riesgoso operar una estación de servicio que un consultorio, por la falta de eficiencia y simplificación administrativa que usted nos prometió».
En el mismo llamado de atención a las autoridades, pidieron a la Presidenta Claudia Sheinbaum que se abra un canal directo de diálogo entre el Gobierno federal y los empresarios del sector gasolinero afectados, así como fortalecer a Pemex, que recientemente enfrenta problemas de logística de abasto en estaciones de servicio.
«Usted se comprometió públicamente con los empresarios del sector energético a simplificar la regulación, reducir los trámites y agilizar las gestiones. Esa promesa, lamentablemente, no se ha cumplido. No solo no se avanzó en la mejora regulatoria, sino que las autoridades han aprovechado el exceso de requisitos y la falta de claridad para extorsionar más al sector.
«Solicitamos la investigación a funcionarios y delegados de la Fiscalía General que, amparados en supuestas denuncias anónimas por ‘huachicol’, extorsionan a consumidores formales de combustibles. Para poder lograr la soberanía energética y la salud financiera de Pemex, somos los aliados, no los enemigos», señalaron.
Esta queja se suma al reciente retraso en abasto de gasolinas a las estaciones de servicio en entidades como Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Chiapas por la estricta revisión en aduanas, paro de trabajadores y sobre todo la falta de pagos a proveedores de última milla por parte de Pemex.