CIUDAD DE MÉXICO. La Presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, desechó el último recurso que buscaba mantener viva una acusación de fraude contra el abogado Juan Collado, por las maniobras que realizó para recuperar 40 millones de dólares depositados en Andorra.
La Ministra, en una resolución inapelable, desechó un recurso de revisión intentado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que pretendía impugnar un fallo dictado en julio por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal.
Piña determinó que el recurso de la UIF no plantea ningún tema de interpretación Constitucional novedoso o relevante, único escenario en el que la Corte puede revisar las sentencias que dictan los tribunales colegiados en amparo directo.
El acuerdo de la Presidenta fue firmado el 20 de agosto y notificado este jueves.
Mañana será el último día de labores de Piña al frente de la Corte, pues pasará a retiro ante la llegada el lunes de Ministros y Ministras electos en junio pasado.
Collado estuvo preso en el sexenio pasado por varias acusaciones, pero fue liberado y actualmente reside en España.
En este caso, el tribunal colegiado determinó que la UIF no tenía legitimidad para presentar el amparo, porque las personas morales públicas sólo pueden recurrir a ese recurso cuando se trata de actos que afectan su patrimonio.
El presunto fraude imputado a Collado, abogado del ex Presidente Enrique Peña Nieto, no ocasionó ningún perjuicio a la UIF.
Este asunto tiene su origen en una denuncia que Collado presentó el 24 de octubre de 2016 contra sí mismo, y que la FGR concluyó con un no ejercicio de la acción penal por falta de elementos para acreditar un posible lavado de dinero, para que Andorra le descongelara su dinero asegurado en marzo de 2015.
Cuando la indagatoria ya había sido archivada, Alberto Manuel Alcántara Martínez, ex titular de la Coordinación General de Investigación de la FGR, hizo viajes a Europa para gestionar el desbloqueo del dinero, lo cual consiguió el 18 de octubre de 2018.
En el sexenio pasado, esta estrategia fue considerada ilegal y la FGR acusó a Collado y Alcántara por tráfico de influencias y delitos contra la administración de la justicia, cargos que un juez reclasificó como fraude en 2020, pero que después resolvió no tenían elementos probatorios para abrir un proceso.