DEPORTE Y ACTUALIDAD
El Incufidez opera en una nebulosa jurídica que raya en la ilegalidad institucional. El reciente caso del colaborador contratado para el curso intensivo de natación dentro del plan vacacional expone una realidad alarmante: nadie sabe quién controla verdaderamente esta institución ni bajo qué autoridad se firman contratos que comprometen recursos públicos.
La situación es extraña: un empleado que supuestamente dejó de laborar hace un par de años reaparece de forma misteriosa para prestar nuevamente sus servicios. ¿Quién autorizó esta contratación?
La respuesta revela el caos administrativo que caracteriza al Incufidez: sin director oficial y con un “encargado” cuyas facultades legales son operativas y limitadas, los contratos se firman en un vacío de autoridad.
Esta anomalía jurídica no es un error administrativo menor, es una violación al marco legal que rige la contratación pública. Un “encargado” no tiene facultades para contratar personal en nombre de la institución (a menos que hayan cambiado y/o adecuado sus leyes).
La pregunta de fondo es más grave: ¿Cuántos contratos de esta índole ha firmado el instituto bajo esta dudosa estructura de autoridad, sin el respaldo legal correspondiente?
LA PUNTA DEL ICEBERG
Esta situación evidencia que el Incufidez funciona como una entidad autónoma sin supervisión real, permitiendo que la institución opere en una zona gris legal que facilita el manejo discrecional de recursos y personal.
El caso del curso de natación es solo la punta del iceberg de una institución que necesita urgentemente una intervención administrativa que clarifique su estructura legal de autoridad, revise sus contratos vigentes y establezca mecanismos de control que impidan estas prácticas irregulares que comprometen el gasto público.