ZACATECAS. Un grupo ciudadanos, representado por el abogado Jorge Rada y Asociados, interpuso una demanda de amparo indirecto colectivo por violaciones al derecho a la seguridad social, al gasto público constitucional y al cumplimiento de sentencias firmes contra el Issstezac, por lo que exigen la suspensión de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) en su edición 2025 para que con el presupuesto destinado, 60 millones de pesos, se atiendan sus demandas.
En la demanda, interpuesta este viernes, se exponen los actos reclamados contra el Patronato y Comité Organizador de la Fenaza por “la ejecución, aplicación, administración y supervisión de partidas presupuestarias del estado de Zacatecas del ejercicio 2025, para actividades no esenciales de recreación, promoción cultural, artística y espectáculos públicos”.
Al gobierno del estado y el mandatario David Monreal Ávila, como autoridades responsables, se le reclama también la iniciativa, expedición, promulgación y publicación de partidas presupuestarias del Estado de Zacatecas del ejercicio 2025, para esta Feria y a la LXV (65) Legislatura del Estado por aprobarlas.
Los quejosos reclaman a las autoridades omisión por autorizar y asignar partidas presupuestarias suficientes para el cumplimiento de sentencias definitivas firmes, que condenan al Issstezac y al gobierno del estado a restituir descuentos inconstitucionales efectuados a las pensiones de 2 mil personas adultas mayores.
Al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) se le atribuye la omisión de solicitar los recursos suficientes para el cumplimiento de sus obligaciones, además de no utilizar los recursos públicos asignados de los ejercicios fiscales 2024 y 2025 para el pago de obligaciones adquiridas con motivo de sentencias definitivas en su contra.
También reclaman al Issstezac la omisión de dar oportuno y total cumplimiento a las sentencias definitivas firmes, emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, donde le condenaron entre otras cosas, a la restitución de la cuota del 6 por ciento, que se encontraba aplicando de forma inconstitucional a sus pensionados.En la demanda de amparo señalan a la Secretaría de la Función Pública (SFP) por incurrir en omisión al no iniciar procedimientos administrativos de responsabilidades contra servidores públicos por la desobediencia a las sentencias firmes contra el instituto.
Los demandantes sostienen que la medida cautelar solicitada, la suspensión de la Fenaza en su edición 2025, “además de necesaria, es proporcional, razonable y ajustada al principio por persona, en tanto evita el uso del erario en actividades prescindibles mientras se mantiene sin cumplir una obligación constitucional, judicial y alimentaria con más de dos mil personas adultas mayores”.
La suspensión piden se determine hasta en tanto no se acredite fehacientemente el cumplimiento total y material de las resoluciones judiciales favorables a los promoventes.
