Seguridad Ciudadana: El desafío que nos une
La seguridad y la justicia es, sin duda, una de las mayores preocupaciones y demandas de nuestra sociedad. Es un problema público complejo y multifacético que, como muchos otros, no puede ser abordado de manera aislada. Para construir un entorno más seguro, es imperativo fortalecer la coordinación entre las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal.
La experiencia en la administración pública y el diseño de políticas nos enseña que la fragmentación y la descoordinación son enemigos de la eficacia y la legitimidad en la acción estatal.
Históricamente, la búsqueda de eficiencia en el sector público, como la impulsada por la Nueva Gestión Pública (NGP), si bien trajo consigo herramientas valiosas para flexibilizar estructuras y procesos, en algunos casos también generó una fragmentación y descoordinación en el quehacer gubernamental.
Esta situación se manifestaba cuando cada funcionario o agencia se dedicaba a su “porción” de la tarea gubernativa, dejando huecos en la atención de problemas sociales que no correspondían a la jurisdicción exclusiva de una institución o persona. En un ámbito tan crítico como la seguridad, esta fragmentación puede tener consecuencias devastadoras.
La relevancia de esta lección es inmensa para la seguridad pública. Un problema como la criminalidad, por ejemplo, está profundamente interconectado con problemas sociales más amplios como la violencia familiar, la salud pública (adicciones) o la falta de oportunidades educativas y laborales. Abordar estas problemáticas de forma integral, y no solo desde una perspectiva punitiva, exige la articulación de esfuerzos entre distintas esferas de gobierno y sectores.
Es por ello que han surgido enfoques como el “joined-up government” o “whole-of-government”, con el propósito explícito de lograr una mejor integración horizontal y vertical del gobierno y recuperar la misión de conjunto que se pudo haber perdido por la excesiva descentralización y fragmentación.
Estos modelos buscan que, tanto la planificación como la gestión de las políticas públicas, operen bajo una lógica de coherencia para maximizar el valor público y evitar efectos no deseados.
En el diseño de políticas públicas contemporáneas, se reconoce que no hay un monopolio de la verdad ni una única “mejor” solución para los problemas complejos. Las decisiones deben surgir de un proceso abierto y sistemático de deliberación donde se contrastan ideas y argumentos. Esto implica que las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno no solo deben compartir información y recursos, sino también dialogar y consensuar las estrategias.
La definición de un problema público obliga a comprender su naturaleza en términos de causas, componentes y consecuencias, lo que naturalmente lleva a buscar soluciones integradas.
Además, la evolución hacia una gestión pública más moderna implica un aparato flexible, funcional y horizontal, que fomenta la discusión, la apertura y la creatividad, permitiendo que las acciones no solo vengan de arriba hacia abajo, sino que también surjan de abajo hacia arriba o se conciernen entre diversas instancias. La implementación de políticas, incluso las impecablemente diseñadas, se enfrenta a una realidad compleja e incierta, donde el conocimiento de las organizaciones gubernamentales y la capacidad de adaptación y cogestión son fundamentales para el éxito.
En este sentido, la coordinación interinstitucional en seguridad significa: 1) Integración de perspectivas: Reconocer que un problema de seguridad puede tener raíces y soluciones en ámbitos como lo social, lo económico o lo educativo, requiriendo la participación de diversas dependencias y niveles de gobierno; 2) Armonización de estrategias: Asegurar que las acciones federales, estatales y municipales se complementen y refuercen mutuamente, evitando duplicidades o, peor aún, contradicciones que puedan ser aprovechadas por la delincuencia.
3)Flujo de información y diálogo constante: Establecer mecanismos fluidos y transparentes para el intercambio de información y la toma de decisiones conjuntas, facilitando una respuesta ágil y adaptativa a los desafíos de seguridad; 4)Evaluación conjunta y rendición de cuentas: Monitorear y evaluar el impacto de las estrategias de seguridad de manera integral, permitiendo ajustes y mejorando la legitimidad ante la ciudadanía.
Los gobiernos y las agencias de los mismos que actúan de forma coherente y coordinada, que promueven la cogestión y la flexibilidad en sus estructuras, no solo será más eficiente en el uso de los recursos públicos, sino que también generará mayor confianza y legitimidad en su accionar ante la sociedad.
La seguridad pública, al ser una demanda tan sentida, es el campo ideal para demostrar que la suma de esfuerzos coordinados es mucho más potente que la acción individual y fragmentada. Es hora de orquestar una verdadera sinfonía de gobernanza para la seguridad de todos.
*Columna colectiva de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE)
**Vicefiscal de Apoyo Procesal