CDMX. En los próximos días, autoridades federales y consejeros electorales se reunirán para dialogar sobre el impacto de la CURP biométrica en la credencial de elector, y las obligaciones del INE para entregar información del Padrón Electoral.
«Hubo ya contacto a través de la presidencia del propio Consejo General con la Agencia de Transformación Digital y otras autoridades involucradas en la implementación de esta nueva normativa y en días próximos tendremos una reunión justamente para avanzar en estos temas.
«Es decir, cuáles son los impactos concretos que estas reformas podrían tener en materia del Registro Federal de Electores y cómo será posible establecer una coordinación adecuada entre el Instituto Nacional Electoral y otras autoridades en el marco de la nueva legislación. En los próximos días tendremos esta reunión y les informaremos», indicó el consejero Arturo Castillo durante la sesión de la Comisión del Registro Federal de Electores.
Mientras que Alejandro Sosa, titular del Registro Federal de Electores, informó que solicitaron a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la cual se hará cargo de la implementación de la CURP biométrica y la trasferencia de bases de datos, compartir la información y otros requisitos para suscribir el convenio en materia de verificación de datos de la credencial para votar. Sin embargo, no lo ha hecho.
El 31 de julio, REFORMA reveló que el estudio elaborado por el INE sobre los impactos de la nueva legislación en torno a la nueva CURP alertaba que la Plataforma Única de Identidad provocará riesgos de confidencialidad y seguridad para el Padrón Electoral.
El reporte advierte que en la nueva legislación aprobada por el Congreso el organismo electoral sí está obligado proporcionar información confidencial de 100 millones de ciudadanos sin reglas ni «límites» al Gobierno federal.
Por ejemplo, el documento se indica que el INE deberá proporcionar, incluso, el código fuente de soluciones tecnológicas y de cualquier programa, «lo que resulta sumamente riesgoso».
«Esta situación podría comprometer la seguridad, confidencialidad y control institucional sobre componentes clave del sistema registral.
«El riesgo se incrementa si no se establecen con claridad los supuestos de excepción, lineamientos de clasificación de sistemas críticos o medidas que limiten el uso, modificación o redistribución del código por otros sujetos obligados», indica el estudio.
También reporta que la CURP provocará el desánimo ciudadano para tramitar la credencial, provocando una desactualización del Padrón Electoral y, en consecuencia, menos participación en elecciones.
Lo anterior, argumenta, debido a que un amplio sector de la población tramita la credencial por ser una identificación oficial.
En el informe se adelanta que, en la reunión con el Gobierno federal, advertirá que permitir que cualquier autoridad realice una «consulta inmediata» al Padrón Electoral para la búsqueda de personas, representa un riesgo.
Además de que la legislación tiene vacíos, pues no se establecen reglas para su acceso, no se requiere autorización previa ni señala responsabilidades administrativas o penales para quien haga uso indebido de la información.
Por ello, apunta, el INE deberá demandar al Gobierno definir alcances, salvaguardas y condiciones para tener acceso a su base de datos.
«La exigencia de un acceso irrestricto podría entrar en tensión con las disposiciones legales que establecen la confidencialidad de los datos personales que obran en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores.
«Esta disposición requeriría definir con claridad los límites, condiciones y mecanismos legales, así como los mecanismos tecnológicos, mediante los cuales el INE podría, o no, permitir dicho acceso, ya que se podría perder el control sobre qué persona o institución accederá a la información del Padrón Electoral que pudiera haberse incorporado a dicha plataforma», agrega el estudio.
Durante la sesión de la Comisión, Alejandro Sosa informó que también esperan los reglamentos y procedimientos para aterrizar la nueva legislación, y poder tener «mayor certeza» de lo que les toca al Instituto Nacional Electoral.