Coordinación entre Fiscalización y Procuración de Justicia: clave en el combate a la Corrupción
En México, la corrupción continúa siendo uno de los mayores desafíos para el fortalecimiento del Estado de derecho. Ante este panorama, resulta indispensable analizar la relación entre los entes de fiscalización y las fiscalías especializadas en combate a la corrupción, dos pilares fundamentales cuya coordinación determina, en buena medida, la eficacia de la política anticorrupción.
Los entes fiscalizadores, encabezados por la Auditoría Superior de la Federación y sus equivalentes estatales, cumplen con la tarea de vigilar el uso de los recursos públicos. Sus auditorías generan información valiosa sobre irregularidades financieras, administrativas y de gestión. Sin embargo, el impacto de estos hallazgos depende de que puedan traducirse en acciones jurídicas y sanciones efectivas.
Es en este punto donde entran las fiscalías especializadas. Su función es investigar y perseguir penalmente los hechos de corrupción, para lo cual requieren insumos técnicos y evidencias sólidas que, en gran medida, provienen de los órganos fiscalizadores. Cuando el flujo de información es oportuno y confiable, se fortalece la capacidad de sancionar y de enviar un mensaje claro contra la impunidad.
No obstante, en la práctica se han identificado diversos retos. La fragmentación institucional, la ausencia de protocolos de coordinación claros y las limitaciones tecnológicas han dificultado un trabajo articulado. Ello se traduce en investigaciones que se prolongan o en casos que no prosperan por falta de elementos probatorios suficientes.
El Sistema Nacional Anticorrupción busca articular a estas instancias, pero aún enfrenta dificultades para consolidar mecanismos ágiles y permanentes de cooperación. La tarea pendiente es fortalecer las mesas técnicas conjuntas, establecer canales de comunicación estandarizados y garantizar la interoperabilidad de los sistemas de información. Solo así será posible cerrar el ciclo completo entre detección, investigación y sanción.
En Zacatecas, este reto ha impulsado la creación y consolidación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEAZ), cuya implementación y avances radicara en la coordinación entre los entes de fiscalización y las fiscalías especializadas. Evaluar sus avances resulta clave para entender cómo opera esta sinergia institucional, revisar las áreas de oportunidad y replicar las buenas prácticas y experiencias es fundamental.
Esta coordinación institucional en nuestro estado, Zacatecas, ya se da y ha rendido frutos concretos como el incremento importante en porcentaje de judicialización de carpetas de investigación pues en el año 2024 se tuvo un incremento en relación con el ejercicio 2023 de un 133%, judicializándose 28 indagatorias y se obtuvieron la imposición de varias sanciones por lo que se logró que se resarciera el daño causado por una cantidad de más de nueve millones de pesos, por concepto de reparación del daño.
Durante esta etapa de coordinación interinstitucional se han logrado avances normativos, de capacitación y de retroalimentación, pues dentro de las acciones que el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana desarrollan a través de la implementación del Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción se han realizado avances normativos y de capacitación.
Es de resaltarse que para que este año la prioridad 5 de la Política Estatal Anticorrupción la cual tiene por objeto Impulsar la mejora y homologación a escala estatal de protocolos o procesos de presentación de denuncias y alertas por hechos de corrupción por pate de ciudadanos e instituciones de fiscalización y control interno competente, se realizan Lineamientos para la presentación de denuncias por hechos de corrupción por parte de la Auditoría Superior del Estado ante la Fiscalía Especializada en Combate al a Corrupción.
Con estas acciones además de mejorar la coordinación y coadyuvancia institucional, optimizara el procedimiento de presentación de denuncias mejorando en aspectos como: se narren con claridad el hecho que dio origen al acto de corrupción, se señale detalladamente la participación o intervención de los servidores públicos y se aporte información suficiente para poder sustentar el hecho con elementos probatorios.
No obstante, persiste la necesidad de fortalecer esa coordinación para cerrar la brecha entre detección, sanción y prevención, pues solo un sistema fortalecido, ágil y transparente podrá transformar datos en justicia y confianza institucional.
*Columna colectiva de la Fiscalía General de Justicia del Estado
**Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción