ZACATECAS. El secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo, advirtió que en el Tribunal Laboral Burocrático pudiera darse, probablemente, un proceso similar al que se ha llevado en la Junta de Conciliación Laboral, institución en la que se señalaron supuestos actos de corrupción.
En tanto, Glafiro “N”, servidor público del tribunal vinculado a proceso, acusó una cacería, a lo que González Romo explicó que el asunto ya está en una instancia judicial en la que determinará un veredicto.
En el caso del Tribunal Laboral Burocrático, dijo Ernesto González, hay dos procesos: uno por la vía administrativa y otro por la penal, por abuso de funciones contra un servidor público que ya está vinculado a proceso.
Al respecto, Glafiro “N” negó que asumiera funciones de magistrado en el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas (TJLBEZ), que le atribuyen en las acusaciones, y dijo que no cometió irregularidad alguna en la institución, “por supuesto somos inocentes”.
Pero el secretario de la Función Pública insistió en lo contrario.
“Está vinculado a proceso ya. El juzgado de control ha determinado que es procedente llevar a cabo una investigación más minuciosa, justamente porque determinó que existen elementos que pudieran demostrar, en su momento, que hay conflicto de interés entre asuntos [del tribunal laboral] que primero se litigan y luego se resuelven”, expuso.
Glafiro “N” ha sido señalado de estar en el TJLBEZ e intervenir simultáneamente en casos de la Junta de Conciliación.
“Es un asunto delicado, porque es un tema que tiene que ver con poner a la justicia supeditada a un tema de negocio particular, de negocio privado y convertirlo en un asunto de especulación monetaria”, explicó Ernesto González.
Tanto en la Junta Local como en el Tribunal Laboral se han realizado acusaciones de acuerdos indebidos para negociar los laudos.
Glafiro “N” se mantiene como secretario de Acuerdos en el TJLBEZ e insistió que las funciones de magistrado que le atribuyen solo eran para conformar un pleno de tres magistrados.
Aseguró que en dos casos de sentencias, presuntamente negociadas, que se le achacan, él ya había rescindido una relación laboral con la Junta de Conciliación.
En cuanto a esta última institución, González Romo expuso que sigue en proceso e investigación la acusación contra servidores públicos. Anteriormente se había informado que de 36 funcionarios de la junta que fueron suspendidos, la investigación se redujo a solo nueve.