ZACATECAS. En 55 ayuntamientos enfrentan 3 mil 772 demandas laborales. Debido a estos juicios, el año pasado 32 alcaldías tuvieron que desembolsar en conjunto poco más de 84 millones de pesos. Y de enero a agosto de este año, 31 municipios ya pagaron 33.3 millones de pesos por sentencias y laudos.
Según informes del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática, Trinidad García de la Cadena, El Salvador y Melchor Ocampo son los únicos ayuntamientos que no reportan demandas laborales.
En cambio, Villanueva, con 454, es la administración municipal con más demandas, seguida de Ojocaliente, con 286, y Guadalupe, con 284.
Villa García es el municipio que más pagó el año pasado por demandas laborales, con 15.3 millones de pesos, mientras que el segundo fue Guadalupe, con 14.2 millones de pesos.
Sin embargo, en el caso de Villa García, al manejar un presupuesto anual de alrededor de 90 millones, el impacto es mucho mayor que en Guadalupe, que maneja recursos por más de 900 millones de pesos.
El mes pasado, el gobierno de Villa González Ortega justificó el retraso en los pagos de nómina por descuentos que les hicieron para liquidar demandas, una de ellas de la regidora Elizabeth Mauricio González, por 502 mil pesos.
En su comparecencia por la glosa del cuarto Informe de Gobierno, la secretaria de Finanzas, Ruth Angélica Contreras Rodríguez, destacó que este año se destinaron 7 mil 148 millones de pesos a los municipios de fondos participables, aportaciones del Ramo General 33 y Convenios.
En este año se asignaron 545 millones de pesos del presupuesto estatal para saneamiento y fortalecimiento financiero municipal, de los cuales 112 millones de pesos fueron de los fondos de Saneamiento Financiero y Desarrollo Municipalista.
Necesario, fortalecer el TJLB: diputado
Si los ayuntamientos y el gobierno del estado no se ajustan a las normas de contratación y terminación laboral, enfrentarán sentencias en contra, advirtió el diputado local, Eleuterio Ramos Leal.
Además, advirtió que es necesario fortalecer al Tribunal de Justicia Laboral Burocrática (TJLB), “si le invierten de manera adecuada, en contratación de personal, en equipo, en capacitación, estarán ahorrando millones de pesos por día”.
Explicó que de esta forma se resolverán mucho más rápido los juicios y la carga en salarios caídos sería mínima. En teoría, consideró el legislador, una sentencia podría emitirse en solo cuatro meses.
También expuso que los ayuntamientos deben fortalecer sus áreas jurídicas, “aquí el problema está siendo la falta de cultura laboral y de apego a la legalidad; número dos, la lentitud en la resolución del tribunal laboral; número tres, la ineficiencia de las áreas jurídicas”.
Ramos Leal rechazó que el problema sea una situación de corrupción en los tribunales, “nada más apartado que la norma, porque una sentencia en contra se puede impugnar fácilmente en vías de amparo directo, y si los tribunales hicieran mal las cosas, pues los tribunales federales les corrigen la plana”.
Resaltó que los plazos para la primera audiencia se están programando hasta en ocho meses, debido a la falta de personal en el tribunal laboral, “los veo trabajando durísimo”