Este 25 de noviembre, en la Cámara de Diputados, se desarrolló una jornada legislativa por la paz y la no violencia. Desde la Junta de Coordinación Política se acordó desde temprana hora que entre los asuntos a abordar en la sesión ordinaria estaría el conmemorar el “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”.
En la reunión del máximo órgano de gobierno de la Legislatura federal, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde, Carlos Puente Salas, destacó la necesidad de legislar en contra de la violencia digital que genera daño psicológico y emocional en las víctimas. Recordó que en este 2025, éste ha sido justamente el tema central para la ONU bajo el lema: “La violencia digital es violencia real”. El organismo internacional ha alertado que casi la mitad de las mujeres y niñas del mundo carecen de protección jurídica frente al abuso digital.
El líder zacatecano relató que en la mañanera de este martes, se abordó la necesidad de regular el uso indebido de la inteligencia artificial que se está utilizando para vulnerar y agredir a niñas y mujeres, tal y como ocurrió en la secundaria Técnica No. 1 en Zacatecas capital. “Coincido con la Presidenta de la República y con su Gobierno en la importancia de trabajar en conjunto con la industria y con los padres de familia para tener entornos seguros para nuestras niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, en contra de la violencia digital”, abundó.
A la conclusión de la reunión de la Jucopo, se desarrolló la sesión legislativa en la que tras los ajustes que realizó el Senado de la República, la Cámara de Diputados aprobó que la extorsión se castigue hasta con 25 años de cárcel; la sanción podrá alcanzar hasta 41 años de prisión cuando existan agravantes como la extorsión contra migrantes, menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores, cuando se ejerza violencia física o bien si el delito lo realiza una persona recluida en prisión. También se castigará hasta con 12 años de cárcel a quien ingrese
celulares, tabletas y otros dispositivos tecnológicos a los centros penitenciarios.
Además, en la normativa se incorporó la perspectiva de género al momento de atender a mujeres que fueron víctimas de extorsión. “Estamos trabajando para frenar este delito que tanto ha lastimado a familias, comerciantes, productores agrícolas, empresarios y la sociedad en su conjunto”, precisó.
Finalmente, Puente Salas puso énfasis en otro avance legislativo que de manera específica tiene que ver con el fortalecimiento de las penas por delitos ambientales y que contempla tres ejes: inspección por parte de las autoridades; la restauración del medio ambiente dañado y el acceso a la justicia ambiental.
