ZACATECAS. Tras la creación de un catálogo pornográfico con Inteligencia Artificial (IA) en la Secundaria Técnica 1, las Defensoras Digitales de América Latina y el movimiento Ley Olimpia aseguraron que dicho caso se configura como violencia digital, por ello piden justicia, transparentar el proceso y sanciones para los menores responsables y los directivos por omisión.
Mediante un comunicado, dieron a conocer que la producción y difusión de imágenes sexuales alteradas mediante IA constituye un problema tecnológico y de género.
“Estos actos son violencia sexual digital que cosifica los cuerpos, principalmente de mujeres, niñas y adolescentes, y se perpetúa en un sistema que minimiza el daño a las víctimas y masifica su proliferación a través de algoritmos con sesgos patriarcales”, se lee en el documento.
“ES PORNOGRAFÍA INFANTIL”
Las activistas aseveraron que el hecho es sancionable conforme a las leyes Olimpia y General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, en las que se establece penas a quien elabore, reproduzca, almacene o distribuya imágenes de contenido sexual reales o simuladas de niñas, niños o adolescentes.
“‘Desnudar’ digitalmente con IA a compañeras de escuela sí puede constituir pornografía infantil dentro del delito de trata, aunque no exista contacto físico y las imágenes se hayan generado ‘solo con IA’, [pues] esto vulnera la intimidad sexual, los derechos de niñas, niños y adolescentes y contraviene estándares internacionales sobre el interés superior de la niñez”, precisaron.
Por ello, pidieron que se sancione a los agresores, pues si tienen entre 14 y 16 años, pueden recibir una medida privativa de libertad de hasta tres años.
En tanto si son menores de 14 años, no procede pena privativa de libertad, se aplican medidas de supervisión, acompañamiento familiar y restitución de derechos.
RESPONSABILIDAD DE AUTORIDADES ESCOLARES
Las integrantes de las Defensoras Digitales y el movimiento Ley Olimpia precisaron que el Código Penal del Estado de Zacatecas establece: “quien, teniendo el deber jurídico de proteger un bien jurídico, omite evitar un resultado delictivo, incurre en responsabilidad penal”.
Ante ello, aseveraron que las y los directivos del plantel son garantes de la integridad del alumnado, ante ello, recordaron que víctimas y familiares señalaron que las autoridades escolares tenían conocimiento previo de los hechos y que estos ocurrieron dentro del plantel.
Además, “se ordenó o permitió borrar pruebas, lo que podría configurar comisión por omisión, favoreciendo a los agresores y obstaculizando la investigación de un posible delito de pornografía infantil”.
PETICIONES
Las activistas exigieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), en especial a la fiscal Martha Berenice Vázquez, transparencia en la información sobre las investigaciones, garantizar medidas de protección inmediatas y acceso real a la justicia sin revictimización.
Asimismo, implementar programas de capacitación para docentes, familias y estudiantes sobre riesgos digitales y uso ético de la tecnología. “La prevención es responsabilidad colectiva. Ponemos a disposición el Protocolo EMA para la actuación en entornos escolares ante violencia sexual digital”.
Aseveraron que las víctimas requieren acompañamiento especializado, medidas de protección inmediatas y aplicación efectiva de las leyes, con cero impunidad.