ZACATECAS. Con el fin de asegurar que los precios de garantía del maíz, frijol, leche, arroz y trigo no dependan de voluntades políticas ni de funcionarios en turno, sino de un marco jurídico claro estable y permanente, Geovanna Bañuelos propuso reformar el Artículo 3 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para reconocerlos como un elemento de la política rural nacional.
Al fundamentar la propuesta, la senadora por Zacatecas explicó que el objetivo es homologar la legislación secundaria con la reforma constitucional de 2024, que incorporó el mandato para que el Estado mexicano mantenga precios de garantía para el maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable, en los términos de las disposiciones aplicables.
“Con esta reforma se le otorgó un nuevo carácter a esta política y dejó de ser un programa temporal para convertirse en una obligación del Estado”, afirmó la legisladora.
En este sentido, explicó que la iniciativa presentada al Senado de la República busca establecer en artículo 3 de la ley la definición de «precios de garantía», como instrumento de ingreso digno y política de apoyo para pequeños y medianos productores.
Además, se plantea establecer el mandato constitucional de mantener precios de garantía para maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable, en plena armonía con el artículo 27 Constitucional.
“Con ello, la ley reconoce explícitamente que el Estado tiene la obligación de garantizar estabilidad e ingreso justo en la producción de alimentos básicos”, enfatizó Geovanna Bañuelos.
Y se incluyen los precios de garantía dentro del régimen de apoyos económicos, señalando que deben orientarse prioritariamente a pequeños y medianos productores agropecuarios, con lo que se garantiza la corresponsabilidad fiscal, la transparencia y la progresividad social de estos apoyos.
“Con esta reforma avanzamos hacia una política rural con visión de Estado, que reconoce el papel estratégico del campo en la soberanía alimentaria, fortalece la producción nacional y dignifica el trabajo de millones de mujeres y hombres que dependen de la tierra para vivir”, aseveró la vicecoordinadora del GPPT.
Geovanna Bañuelos subrayó que de aprobarse su propuesta se consolidará una política alimentaria integral, orientada a garantizar precios justos, producción suficiente y bienestar para quienes producen los alimentos del país.
“El Partido del Trabajo y quienes suscribimos esta propuesta reiteramos nuestro compromiso con el bienestar de las y los productores del campo, con la seguridad alimentaria de México y con la transformación profunda del modelo rural que nuestro país merece, bienestar compartido para la población del campo”, concluyó.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y posterior dictaminación.