Zacatecas.- Pese a que el gobierno del estado ha destacado el avance de la pacificación, Zacatecas ocupó el puesto 12 a nivel nacional en el balance de la violencia letal por cada 100 mil habitantes de enero a octubre del presente año, de acuerdo con la organización México Evalúa.
El estudio, que define la violencia letal como la suma de homicidios dolosos, culposos, feminicidio, otros delitos contra la vida y desapariciones, muestra que Zacatecas reporta una tasa de 56 por cada 100 mil habitantes, lo que representa un balance negativo.
En una comparación anual, este rubro se redujo en 42.3 por ciento, colocándose la entidad en el puesto 32 a nivel nacional.
Siete estados presentan un balance negativo en la violencia letal, entre ellos se ubica: Colima, Michoacán, Quintana Roo, Sonora, Zacatecas, Baja California Sur y Chihuahua al mantener tasas todavía altas, con ligeras reducciones anuales, pero sin mejorar de manera sustantiva.
Zacatecas reportó al menos 959 hechos de violencia letal en el periodo de enero a octubre del presente año, donde destaca el homicidio culposo con 374 casos, le sigue personas desaparecidas con 239, también 218 contra la vida, 123 homicidios dolosos y cinco feminicidios.
El informe muestra que las políticas públicas implementadas en materia de seguridad para el combate de la violencia letal en la entidad, aplicadas tanto por el gobierno federal como el estatal, buscan el debilitamiento operativo del crimen organizado, donde la prioridad han sido las detenciones, decomiso de armas y drogas.
SUGERENCIAS
Entre las recomendaciones que difunde México Evalúa está la reorientación de la estrategia de seguridad pública hacia esquemas de pacificación estructural, así como implementar estrategias multinivel y multirregionales para mitigar el desplazamiento de la violencia.
También, el convertir experiencias exitosas como el caso Yucatán y Coahuila en laboratorios de pacificación replicables, además de incorporar sistemas de alerta temprana para entidades en condición de vulnerabilidad y vincular la prevención del desplazamiento y fragmentación criminal en las políticas de desarrollo territorial.