CIUDAD DE MÉXICO. El Gobierno federal acordó con el sector privado y con las centrales obreras una reforma para reducir la jornada semanal de trabajo de 48 a 40 horas, mediante un esquema gradual que iniciará en 2027 y concluirá en 2030.
La propuesta, que ya fue enviada al Senado, implicará modificaciones constitucionales y legales, así como nuevas reglas en jornadas ordinarias, horas extras y registros laborales electrónicos.
«Avanzaremos año con año en una reducción de dos horas a partir del año 2027, para alcanzar las 40 horas en enero del año 2030», dijo el Secretario del Trabajo, Marath Bolaños.
Durante la mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que la jornada máxima quedará establecida en la Constitución y que la reducción no podrá afectar salarios ni prestaciones.
«Esta reducción de 48 a 40 horas no podrá implicar reducción de sueldos ni de salarios ni de prestaciones», afirmó.
El esquema plantea que 2026 funcione como etapa de adecuación para que empresas y trabajadores ajusten procesos antes del inicio de la gradualidad.
«El año 2026 fungirá como un periodo de adecuación para que empleadores y personas trabajadoras organicen, planifiquen y adapten sus procesos productivos», señaló.
La implementación será progresiva: 46 horas en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 en 2030. El Gobierno calcula que más de 13.4 millones de personas laboran hoy más de 40 horas semanales y se verán directamente beneficiadas.
Bolaños aseguró que la reforma redefine el manejo de horas extraordinarias, su distribución y su remuneración.
«La suma entre las horas ordinarias de trabajo y las extraordinarias no podrán superar en ninguno de los casos las 12 horas en un día», indicó.
Las horas extras podrán acumularse hasta cuatro por día, en un máximo de cuatro días por semana, y deberán pagarse al doble del salario. También se fijará por primera vez una prohibición expresa para menores de edad.
El cumplimiento deberá acreditarse mediante registros electrónicos obligatorios.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, respaldó el acuerdo y destacó el compromiso tripartito y consideró que la gradualidad permitirá a las industrias planear adecuadamente y evitar afectaciones operativas.
«Es un responsable proceso de diálogo tripartito en el que hemos estado trabajando para conciliar intereses de cara a un primer ejercicio que permita avanzar en la reforma constitucional», sostuvo.
El presidente del Congreso del Trabajo, Reyes Soberanis, calificó la medida como un avance histórico, adelantó que los sindicatos acompañarán la implementación y propondrán mecanismos sectoriales para evitar efectos negativos.
Claudia Guerrero y Natalia Vitela
Agencia Reforma