CIUDAD DE MÉXICO. La iniciativa de reforma electoral auspiciada por la comisión del Gobierno federal pretende acotar la participación de partidos minoritarios y reducir el financiamiento público.
La propuesta reduce en 100 a los diputados y en 32 a los senadores, ambos de representación proporcional, lo que afectaría principalmente a los partidos opositores y minoritarios.
Especialistas electorales consideraron que, de prosperar esta iniciativa, el partido oficial apuesta a monopolizar y perpetuarse en el poder político, al proponer modificaciones al sistema de representación y financiamiento público de las elecciones lo que debilitaría la pluralidad en el Congreso.
Actualmente existen 200 diputados plurinominales. El 62 por ciento de ellos son de partidos diferentes a Morena. Y en el Senado, el 63 por ciento de los plurinominales no son de Morena.
A la vez, el partido oficial tiene la mayoría de diputaciones y senadurías de mayoría y al restar a legisladores de representación proporcional la presencia morenista en el Congreso crecería.
A estos temas se agrega la intención del Gobierno federal de adelantar la revocación de mandato para 2027 con la intención de que la Presidenta Claudia Sheinbaum sea factor en la elección intermedia, donde se renovará el Congreso federal y 17 gubernaturas, entre otros cargos.
Los electores votarán simultáneamente por ratificar a la Presidenta y por dar un voto a su partido en las elecciones de Congreso, lo que fortalecería la posibilidad de triunfo de candidatos morenistas.
En el estudio titulado «Estándares internacionales para la próxima reforma electoral en México», publicado esta semana, organizaciones especializadas en derecho electoral, como la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el Laboratorio Electoral y la Fundación Konrad Adenauer México, alertaron sobre la reforma electoral.
«El modelo electoral actual se construyó específicamente para poner fin a 70 años de hegemonía de un solo partido (1929-2000», establece.
Las organizaciones detallan algunos de los estándares internacionales que deberían regir una reforma electoral en México, como son preservar el sistema de representación proporcional y los límites de la sobrerrepresentación, así como garantizar la preeminencia del financiamiento público de las elecciones para evitar su captura por intereses económicos o ilícitos.
«El marco constitucional mexicano emplea una doble protección para garantizar el pluralismo. Por un lado, establece un modelo mixto que combina 300 distritos de mayoría relativa con 200 escaños asignados por representación proporcional, apoyado por límites estrictos a la sobrerrepresentación.
«Por otro, para asegurar la equidad sustantiva en la competencia, ordena que el financiamiento público prevalezca sobre el privado. Este diseño pretende evitar que una sola fuerza política convierta una mayoría simple en un dominio legislativo absoluto, al tiempo que protege al poder político de ser capturado por intereses económicos», detalla.
Al trastocar estos elementos, exponen las organizaciones, se monopoliza el poder político y se echa abajo el sistema plural de partidos, «elemento esencial de la democracia representativa».
Érika Hernández
Agencia Reforma