Del espíritu de la autonomía universitaria y el vínculo con los gobiernos
El jueves pasado, estimada y estimado lector, me dio un grato sabor de boca leer un boletín que emitió la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) donde daba cuenta de un ejercicio que vale la pena revisar: un diálogo universitario en el marco de los 103 años de autonomía de la máxima casa de estudios del vecino estado, en el que se incluyeron algunas conferencias, como la dictada por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Dr. Leonardo Lomelí Vanegas.
““Sin autonomía, la libertad de cátedra se debilita, la investigación se vuelve vulnerable a presiones externas y la formación de nuevas generaciones corre el riesgo de responder más a agendas transitorias que a criterios académicos, con lo cual se comprometen el presente y el futuro, ya que se pierde la capacidad de formar profesionistas a la altura de las necesidades sociales”, señaló el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), durante la conferencia “Autonomía Universitaria como Garantía Constitucional: Libertad Académica, Gobierno Propio y Responsabilidad Pública”, presentada en el marco del Diálogo Universitario, organizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) para celebrar sus 103 años de autonomía”.
Y mire usted si no es importante el tema, pues durante muchos años y en distintos lares de nuestro país, las universidades autónomas estatales se convirtieron en espacios de reflexión, análisis, innovación y hasta de contrapesos políticos, con y ante sectores de poder que buscaron instrumentar -o imponer a mansalva- perspectivas en cuanto a la relación gobierno-educación (y otras tantas más, enfocadas al crecimiento económico, al desarrollo político en estados y municipios, o a la formación de capital humano en cuestiones técnicas, científicas y humanísticas, entre otras), algunas de las cuales rebasaron el consenso y buscaron ser impuestas unilateralmente, o peor aún, dejando de lado el valor de la universidad pública.
De acuerdo con la nota dada a conocer por la universidad potosina, el rector de la UNAM “Señaló que hoy la tarea central es garantizar que las universidades se mantengan como campos fértiles de libertad intelectual, capaces de responder a los problemas de su tiempo sin renunciar a su independencia académico-administrativa ni a su vocación social, y que continúen como vehículos eficaces de movilidad social.
“En este contexto, explicó que las universidades públicas enfrentan un entorno global particularmente desafiante, en el que deben contribuir, de acuerdo con sus posibilidades, a atender problemas como la desigualdad, la violencia, el deterioro ambiental, la crisis democrática y la transformación tecnológica del trabajo, entre otros, mientras enfrentan restricciones presupuestales, acosos a su autogobierno y cuestionamientos al conocimiento científico”.
Si analizamos un poco el párrafo anterior, podremos identificar que el doctor Lomelí enarbola la bandera de la libertad que conlleva la autonomía como elemento superior para aportar en la construcción de soluciones a las diferentes problemáticas, pero también anteponiendo el interés de la sociedad y explotando -en el buen sentido de la expresión- el compromiso y la identidad universitaria que los integrantes de estas organizaciones públicas tienen para el bien del conocimiento.
Quiero pensar que la “libertad intelectual” implica la posibilidad diferir de los pensamientos o acciones de grupos -posiblemente mayoritarios- y muchos de ellos con peso político o económico en lo local y/o en lo nacional, en algún momento de la vida pública; o bien, que la expresión “capaces de responder a los problemas de su tiempo” va implícito el pregonar con el ejemplo que podrían desarrollar las instancias de educación superior por ser una especie de “caja de resonancia” de la dinámica social, entre otras cosas.
Me parece que, salvo su mejor opinión, ninguna de las ideas expresadas en el párrafo citado de lo dicho por el rector de la UNAM da la pauta para interpretar que las universidades públicas sean manejadas como feudos de grupos de poder o de familias que, durante muchos años y al amparo vil de una concepción perversa del concepto de autonomía, se apartaron del interés y la responsabilidad social o del ideal de las universidades, y se fueron acercando a un manejo clientelar, feudal, mezquino y patrimonialista de aulas, escuelas, facultades, institutos y rectorías para beneficio de unos cuantos, mandando al final de la fila de cosas sustantivas y verdaderamente importantes a la calidad académica y su vínculo con el desarrollo de las sociedades.
Las universidades no deben ser espacios alternos de poder o islas de usufructo del presupuesto público educativo; tampoco deben permitirse ser espacio de tolerancia -o peor aún, de fomento o encubrimiento- de malas prácticas, de cochupos, de vejaciones, abusos, violencia de género u otras tantas cosas que lastiman a los individuos y, por supuesto, a las sociedades en su conjunto; tampoco pueden permitirse ya ser entidades de nepotismo, favoritismo ni de caprichos de unos cuantos que, al amparo de la supuesta autonomía, le cierran las puertas a que haya una mayor transparencia en los procesos de definiciones en las universidades.
No veo cómo los gobiernos pueden dejar de lado el trabajar estrechamente con las universidades, considerando el valor de la verdadera investigación de utilidad y la libertad de cátedra que priorice la educación y no el beneficio personal.
Quizás vale la pena analizar una premisa: los problemas de los gobiernos son problemas de la universidad; y los problemas de la universidad también son problemas del gobierno. ¿O cada quién debe jalar por su lado?
*Doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Administración Pública, UNAM
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