JIMÉNEZ DEL TEUL. Tras las declaraciones de la titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), sobre el avance en las negociaciones con los pequeños propietarios por el proyecto Milpillas, la Rema exigió el cese inmediato “de toda forma de presión, intimidación o negociación individualizada con integrantes de los ejidos”.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) reiteró, mediante un comunicado, que el gobierno del estado será responsable de cualquier situación de violencia que se origine contra los integrantes del Movimiento de Defensa del Territorio y del Río Atenco.
Por ello, nuevamente exigieron el respeto a las decisiones tomadas en asamblea, según la legislación agraria vigente. Asimismo, que se muestre total transparencia sobre los estudios del proyecto y sus impactos sociales, ambientales y financieros.
De igual manera, que las instituciones del estado actúen conforme al mandato de garantizar derechos de las personas y no vulnerarlos.
Afirmaron que la defensa del agua y del territorio no es un obstáculo al desarrollo, sino una condición indispensable para la vida digna y la justicia social y por esto, las comunidades no están obligadas a aceptar proyectos impuestos “y su resistencia es legítima”.
En el documento emitido a raíz de las declaraciones de Susana Rodríguez Márquez, titular de la SAMA, sobre los avances del proyecto de Milpillas, reiteraron que las organizaciones aliadas “estamos atentas a cualquier intento de violentar, criminalizar, desprestigiar o desacreditar la lucha del movimiento y sus integrantes”.
Con ello, hicieron un llamado nacional e internacional a las organizaciones que los respaldan para pronunciarse a favor de la lucha.
“Le hacemos expreso al estado que tenemos los ojos puestos en este territorio y no permitiremos que se dañe la integridad de las personas del movimiento”, expresaron.
En el documento reiteraron que la presa Milpillas sigue siendo un proyecto impuesto que avanza mediante presiones institucionales y estrategias de fragmentación comunitaria.
Además, sin que exista, a la fecha, una comprobación seria, pública y verificable de su viabilidad técnica, ambiental, jurídica, económica, social, presupuestal y financiera.
Ya es una década, dijeron, de inconsistencias, omisiones y vacíos estructurales y que no cuenta con los permisos agrarios necesarios ni el consentimiento de las asambleas ejidales, por lo que preocupa la insistencia de instancias como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Agraria (PA).
Afirmaron que a la fecha no existe algún proceso de negociación legítimo “mientras no se respete la toma de decisiones colectivas de las asambleas ejidales”.