CIUDAD DE MÉXICO. Las denuncias por delitos federales en materia de hidrocarburos se dispararon 41 por ciento en 2025 respecto a 2024, al pasar de 6 mil 715 a 9 mil 467 carpetas de investigación, de acuerdo con el Reporte de Incidencia Delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Hidalgo volvió a colocarse como epicentro nacional de las denuncias, al pasar de 560 a mil 653 carpetas. En la entidad, el huachicol ya opera como mercado y como disputa entre grupos criminales con control territorial y arraigo comunitario.
Baja California, por su parte, triplicó sus carpetas, de 170 a 529, con aseguramientos en las rutas Tijuana-Tecate-Ensenada y una conexión directa con la logística criminal del noroeste.
Puebla también reportó un repunte relevante, de 906 a mil 203 querellas, en línea con la reconfiguración del Triángulo Rojo, donde bandas locales combinan ordeña, resguardo y distribución.
El fenómeno se expande hacia corredores estratégicos. El Estado de México pasó de 79 a mil 67 denuncias y Querétaro de 250 a 455, aprovechando la carretera 57, patios y bodegas para ocultar y redistribuir combustible robado.
Jalisco también mostró un aumento, de 324 a 447 denuncias, mientras que Tabasco, Chihuahua, Tlaxcala y Oaxaca registraron repuntes ligados al transporte, almacenamiento y cruce del combustible.
Las investigaciones no sólo confirman la persistencia de la ordeña de ductos de Pemex, sino que revela una mutación profunda del negocio ilegal hacia el contrabando, la evasión fiscal y el uso de empresas fachada: el llamado «huachicol fiscal».
Hoy, el centro de gravedad del delito ya no es únicamente la manguera conectada al ducto, sino la aduana, la factura y la logística.
Desde 2019, autoridades federales detectaron supuestas importaciones de combustible que ingresan por vía marítima, un esquema que volvió a exhibirse a finales de marzo con el aseguramiento de 18 millones de litros de hidrocarburo ilegal en puertos de Tamaulipas y Baja California.
En ambos casos apareció la empresa Mefra Fletes, con operaciones en Nuevo León y Jalisco, así como su presunta relación con Impulsora de Productos Sustentables (IPS) y una red de al menos 15 empresas factureras vinculadas, según las indagatorias, al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Benito Jiménez
Agencia Reforma