Existe una triste paradoja en la política: los movimientos que llegan al poder tras décadas de luchar contra la censura y la exclusión pueden, desde la nueva centralidad que ocupan, convertirse en aquello que combatieron.
Hoy, desde ciertos sectores de la izquierda ideológica –específicamente desde una ortodoxia de la perspectiva de género que a veces opera con inflexibilidad doctrinal– se está tomando un camino peligroso. Un camino que confunde la crítica legítima con la supresión, la protección con el paternalismo, y que, en su afán de blindar un discurso, replica los métodos autoritarios que siempre denunció. El caso de la censura previa a la entrevista de la escritora Sabina Berman al activista y político conservador Eduardo Verástegui en Canal Once es preocupante.
El hecho es claro: un contenido periodístico producido para un medio público fue eliminado de la programación por decisión de los defensores de las audiencias. La justificación, según explicó el propio Lenin Martell Gámez en una entrevista posterior con el periodista Julio Hernández, se basó en prevenir un posible daño a la audiencia.
Argumentó que la entrevista, al otorgarle espacio a una figura controversial como Verástegui –acusado de discursos de odio por sus posturas contra los derechos LGBTIQ+ y el aborto– sin un “contexto” crítico explícito y contundente, podía ser lesiva y carecía del “rigor” necesario. En otras palabras, el ombudsman consideró que la audiencia no estaba preparada para ver una entrevista sin que una autoridad moral le señalara previamente qué debía pensar sobre el entrevistado.
Aquí radica el núcleo del problema y su peligrosidad. No se trata de debatir la legitimidad de las críticas a Verástegui, muchas fundadas. Se trata del método. La función del defensor de las audiencias, en teoría, es mediar, educar, analizar y sugerir, pero procurando la horizontalidad del diálogo, no desde la verticalidad del veto. Al optar por la censura previa transformaron su rol de puente en el de un muro. Su decisión no protege a la ciudadanía; la subestima. Parte, sin decirlo, de la premisa de que el espectador es un sujeto pasivo, vulnerable e irreflexivo que debe ser protegido de ideas “dañinas”, en lugar de un ciudadano autónomo al que se le puede –y debe– proveer de todas las herramientas informativas para que ejerza su propio juicio crítico.
Este es un camino peligroso. Si se normaliza, cualquier contenido que se desvíe de la línea editorial o ideológica predominante en un medio público podrá ser suprimido bajo rótulos vagos como “falta de rigor” o “posible daño”.
¿Qué impedirá, mañana, censurar una investigación periodística incómoda para el gobierno, una opinión económica heterodoxa o una postura cultural disidente, bajo el argumento de que “carece de contexto” o “puede confundir a la audiencia”? La censura, una vez que se institucionaliza aunque sea con las mejores intenciones, no conoce límites ideológicos.
Existía una alternativa coherente con los valores democráticos que el propio defensor dice resguardar. Un criterio auténtico de “acompañamiento”, como él mismo mencionó, hubiera sido emitir la entrevista precedida o seguida de un aviso claro, una nota explicativa que expusiera las objeciones éticas y periodísticas del ombudsman, que contextualizara la trayectoria polémica de Verástegui y que, precisamente por creer en la madurez de la audiencia y en la supremacía de la libertad de expresión, dejara el material a disposición del público para su análisis y discusión. Eso habría sido un camino pedagógico; lo que se hizo fue un acto autoritario.
La defensa de las audiencias no puede ejercerse desde el silenciamiento. Su verdadera potencia está en fomentar una ciudadanía más informada, más crítica y, por tanto, más libre. Me uno a las voces que piden un cambio en el ejercicio de esta figura. El ombudsman debe ser un catalizador del debate plural, no guardián censor.
La izquierda que hoy influye en instituciones culturales y medios públicos tiene una responsabilidad histórica: debe distinguir entre combatir las ideas reaccionarias y obliterarlas. Combatirlas es derrotarlas con mejores argumentos en la plaza pública. Censurarlas es temerle al debate y traicionar su propia esencia libertaria. El caso de la entrevista a Verástegui no es un triunfo de la sensibilidad; es una derrota ética para la democracia y una mancha en la tradición de lucha por la libertad de expresión.
Se optó por el camino de la censura previa; probemos otro.