ZACATECAS. Geovanna Bañuelos solicitó a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa trabajar en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de la entidad para fortalecer la investigación y agilizar la localización con vida de los diez ingenieros mineros que desaparecieron en Concordia, Sinaloa y brindar todo el apoyo institucional y mantener comunicación permanente con los familiares de las víctimas, informó un comunicado.
“Mi solidaridad con las familias de las víctimas, particularmente con las familias de José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Aurelio Salazar Flores, trabajadores zacatecanos. Confío en las autoridades para que logren rescatar sanos y salvos a los mineros privados de su libertad”, declaró la senadora.
Mediante un punto de acuerdo que será presentado en la primera sesión del Segundo Periodo de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo también llaman a las autoridades a fortalecer la seguridad pública en proyectos de producción minera.
Principalmente en estados como Chihuahua, Durango, Guerrero, Sinaloa, Sonora y Zacatecas, a fin de garantizar medidas de seguridad y coordinación operativa en las zonas de explotación minera y en sus rutas de acceso que permitan prevenir hechos delictivos y proteger a las comunidades y al personal que labora en dichos proyectos.
En el documento que será inscrito en la Gaceta Parlamentaria, Geovanna Bañuelos detalla los hechos ocurridos el viernes 23 de enero, cuando un comando armado irrumpió en el fraccionamiento La Clementina, donde se alojaban los trabajadores mineros y los privó de la libertad.
“El grupo habría ingresado de manera violenta, llevándose a los empleados, sin que se registrara resistencia ni intervención inmediata de autoridades. Entre las personas desaparecidas se encuentran ingenieros, personal administrativo y elementos de seguridad asignados al campamento”.
La legisladora por Zacatecas advierte que el caso no debe analizarse como un hecho aislado, pues se inserta en un entorno de riesgo persistente para las actividades productivas, particularmente en sectores estratégicos que operan en regiones con limitada presencia institucional y alta vulnerabilidad ante la delincuencia organizada.
De acuerdo con datos de la Cámara Minera de México (Camimex) el 97% de sus empresas afiliadas reportó haber sido víctima de algún ilícito, entre los delitos más recurrentes se ubican el robo hormiga, la extorsión, la extracción ilegal, el robo de material, así como eventos de mayor gravedad como secuestros y agresiones contra personal en campo.
La información pública disponible también identifica a Durango, Zacatecas y Guanajuato entre las entidades con más reportes en este tipo de incidentes, lo que da cuenta de un fenómeno extendido y no estrictamente local.
Y destaca que los impactos van más allá de los hurtos directos: estos hechos pueden representar incrementos de hasta 5% en costos y mermas de hasta 7% en la producción, afectando la continuidad operativa, la rentabilidad, el empleo y la percepción de riesgo para la inversión.
“Resulta indispensable que las autoridades competentes agoten todas las líneas de investigación, destinen los recursos necesarios para la búsqueda y localización con vida de las personas privadas de la libertad, y fortalezcan medidas preventivas y de coordinación interinstitucional en zonas de explotación minera, con enfoque de protección a la población y al personal que desempeña funciones estratégicas para la economía regional y nacional”, concluye Geovanna Bañuelos.