REVIVE DEBATE POR DEUDAS
Al presumir que no ha han tenido que recurrir a préstamos, el gobernador David Monreal maldijo una vez más al sexenio de Miguel Alonso, por las deudas adquiridas y que se siguen pagando: “la herencia maldita”. Según dicen, recordó David, a cada diputado le dieron entre medio millón y millón de pesos por votar a favor de un empréstito en 2015. Solo que entre los que formaron parte de aquella Legislatura están la actual titular de SAMA, Susana Rodríguez, y el subsecretario de Turismo, Iván de Santiago, así como el petista de la 4T Alfredo Femat. El naranja Pepe Haro, quien fue su compañero de curul, respondió que el que acusa está obligado a probar y justificó los endeudamientos para obras y pagarle al magisterio, “de esto –reiteró– estamos hablando ya de hace más de 10 años”. El gobernador señaló los endeudamientos desde tiempos de Amalia García, luego Alonso y después Alejandro Tello, pues solo en el último año representaron un pago de 1 mil 300 millones de pesos.
QUE EXPLIQUEN
Luego, sin mencionar a sus compañeros de gabinete, el secretario de la Función Pública, Ernesto González, reclamó que “ninguno de los diputados que votó a favor (del empréstito) se atreve a dar una explicación”. El recién casado insiste en que el sexenio de Alonso fue infame con consecuencias adversas para el estado. Para responder, Pepe Haro cuestionó por obras relevantes en el gobierno, mientras que un exdiputado priista solo dijo que “no había de otra” y simplemente pretendían evitar un conflicto con el magisterio. Por cierto, recientemente se reunieron diputados de esa Legislatura, entre ellos Rafa Gutiérrez, Cliserio del Real, Érica Velázquez y Lucero Chávez, actual tesorera de Río Grande, entre otros.
¿VOTACIÓN DIVIDIDA?
La vuelta a la Ciudad de México que hicieron pensionados y el líder del sindicato de Telesecundarias, Ernesto Macías, no fue del todo en vano. Si bien se pospuso la resolución a la acción de inconstitucionalidad en contra de tres artículos de la reforma al Issstezac, Macías y los otros aprovecharon para dialogar con ministros de la Suprema Corte de Justicia para tratar de ampliar su análisis en las decisiones. A eso le atribuyen que la sentencia, que iba a salir el pasado martes, se haya pospuesto. El proyecto de la ministra Loretta Ortiz va encaminado a validar la reforma, pero los pensionados dicen que después de exponer sus argumentos, esperan por lo menos que haya una votación dividida, especialmente en el artículo 74, que recorta el aguinaldo de 60 a 30 días.
DESASTRE EN ACOPIO
Al senador Saúl Monreal, quien por cierto se niega a renunciar a sus aspiraciones a la gubernatura, le llegaron quejas de productores de Villa de Cos. Resulta que todavía hay fallas en el programa de acopio: no les quieren recibir y además, dicen los productores, les dan un muy mal trato. Las quejas también llegaron a oídos de Juan Antonio Rangel, delegado de la Sader, quien se ofreció a buscar que cuando menos la atención fuera más amable. Saúl insiste en que no se puede decir que todo está bien y que por eso se debe escuchar a la gente de todos los municipios. Extrañamente, al menos en estos días, el petista Fernando Galván anda muy calmado en los asuntos de frijoleros.
INDEMNIZACIONES PENDIENTES
Ante las quejas que hicieron algunos servidores públicos del Poder Judicial, porque en diciembre no hubo ni posadas ni regalos, desde el Órgano de Administración, que preside Norma Esparza, soltaron que, si no hubo dinero para las celebraciones, se debió a los compromisos financieros por la salida de jueces y magistrados, que tuvieron que retirarse por la reforma judicial. Y hasta la fecha, cuentan las lenguas viperinas, hay indemnizaciones que están pendientes para los elementos retirados. Habrá que ver si no se les acumulan los compromisos, porque en 2027 saldrá otra parte de jueces y magistrados, incluyendo al actual presidente del tribunal, Carlos Villegas.
EXIGENCIA EN VETAGRANDE
Este viernes, el exdiputado Osvaldo Ávila y los antorchistas le harán mitote en la presidencia de Vetagrande. Se supone que el alcalde Antonio Herrera no debiera ser alcalde por un proceso de inhabilitación que enfrenta y que se le ha notificado por parte del Tribunal de Justicia Administrativa. Pero a los antorchistas eso no les importa, si les cumple sus demandas. ¿Estarán tratando de legitimarlo?
Las lenguas viperinas ven muy campante al regidor inhabilitado de Guadalupe, Enrique Flores. Mientras la corte priísta de Carlos Peña lo sigue placeando como si todavía fuera, los venenosos se preguntan si Enrique seguirá manejando recurso público por sus funciones partidistas, como delegado en Aguascalientes.