CIUDAD DE MÉXICO. A lo largo de 2024 y 2025, los homicidios por la pugna entre las facciones del Cártel de Sinaloa (CDS) alcanzaron a la clase política y a mandos policiacos en ese estado, y para el arranque de 2026, diputados, funcionarios municipales y jefes policiales se convirtieron en los objetivos de los grupos criminales.
Cifras preliminares del Informe Diario de Seguridad revelan que enero ya acumula más de 90 víctimas de homicidio doloso, es decir, alrededor de tres asesinatos diarios durante el primer mes del año.
Entre los ataques, destaca el atentado del pasado 28 de enero en Culiacán en contra del diputado local Sergio Torres Félix y la legisladora Elizabeth Montoya Ojeda, ambos de Movimiento Ciudadano, que cimbró a la política del estado.
Minutos después de salir del Congreso de Sinaloa, los legisladores fueron emboscados por hombres armados; Torres Félix fue intervenido quirúrgicamente de emergencia por heridas en la cabeza y Montoya Ojeda fue hospitalizada con múltiples lesiones.
Fuentes de seguridad en Sinaloa dijeron a Grupo REFORMA que el episodio forma parte de una secuencia que inició formalmente el 25 de julio de 2024, con el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y dirigente del Partido Sinaloense.
Ese evento, paralelo a la entrega de Ismael, «El Mayo», Zambada a autoridades de Estados Unidos por parte de los hijos de Joaquín, «El Chapo», Guzmán, fue el arranque de la guerra entre las facciones de «Los Chapitos» y «Los Mayitos», vigente hasta la fecha.
Cuén Ojeda fue ejecutado en medio de un supuesto acuerdo en una finca de Culiacán, hecho que abrió una relación franca entre capos del narcotráfico y políticos.
El homicidio del ex Rector sinaloense representaría la ruptura definitiva de una presunta alianza entre la política formal y los poderes criminales.
Tras el crimen, la Fiscalía General de Sinaloa enfrentó una crisis interna que derivó en la salida de su cúpula y dejó una estela de desconfianza institucional que persiste hasta la actualidad, coincidieron las fuentes.
El hecho transitó hacia un escenario donde la agresión directa contra funcionarios se volvió una herramienta de control territorial y parálisis administrativa.
En octubre de 2025, Richard Millán Vázquez, Alcalde de Elota, fue atacado a balazos mientras se trasladaba en su camioneta blindada.
El Presidente Municipal, quien llegó al cargo abanderado por Movimiento Ciudadano, fue víctima de un atentado a balazos en la maxipista Culiacán-Mazatlán, después de sostener una reunión con autoridades estatales en el Palacio de Gobierno de Culiacán.
El ataque, del que salió ileso, ocurrió en el kilómetro 124 de la autopista, a la altura del poblado de Jacola, en Culiacán cuando fue interceptado por tripulantes de un automóvil Honda azul.
En el arranque de 2026, Francisco Javier Zazueta, director de Tránsito Municipal de Culiacán, fue acribillado en un ataque directo.
También la comisaria de la sindicatura de Bachigualatito, identificada por fuentes locales como Mirna Karime Corrales fue asesinada también en el arranque de este año.
El 27 de enero, un mando policial fue atacado en Bachigualato, y aunque sobrevivió, resultó herido por esquirlas tras una agresión armada.
Un día después, el 28 de enero, la violencia alcanzó directamente al Poder Legislativo con el ataque contra Torres Félix y Montoya Ojeda.
La violencia política también es institucional, pues de acuerdo con militares desplegados en Sinaloa, han encontrado la destrucción sistemática de cámaras de videovigilancia, antes de los atentados, lo que deja sin capacidad de respuesta inmediata a las autoridades.
Otros recursos de los criminales en los atentados es el uso de bloqueos carreteros, uso de «ponchallantas» y ataques en vialidades estratégicas a fin de aislar municipios y retrasar refuerzos, lo que además causa zozobra entre la población.
A la par de las agresiones o atentados, las facciones de «Los Chapitos» y «Los Mayitos» sostienen su disputa por el control en la producción de drogas sintéticas y de rutas a Estados Unidos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública y Urbana (ENSU) del Inegi más reciente, la percepción de inseguridad en Culiacán es 88.1 por ciento, la segunda en ese rubro en el País, sólo superada por Uruapan, en Michoacán, que registra 88.7.
Ante esos resultados, legisladores de Oposición han advertido que el presupuesto de seguridad para 2026 es insuficiente frente a una amenaza que ya incorpora drones con explosivos y tácticas de guerrilla urbana.
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Agencia Reforma