CIUDAD DE MÉXICO. En los últimos años, las empresas energéticas extranjeras han cerrado y cancelado gasolineras en México ante el impulso oficial para que Pemex recupere mercado.
Aunado a la competencia desleal y criminal que implica el mercado negro derivado del robo de combustibles de ductos y el «huachicol fiscal», empresas como Total, Gulf, BP, Shell, Repsol, Chevron, entre otras, han tenido que dejar de lado sus planes de expansión y han reducido su presencia en México.
Por ejemplo, la empresa estadounidense Gulf anunció en 2016 su estrategia de invertir hasta 400 millones de dólares en terminales de almacenamiento y 2 mil estaciones de gasolina en un periodo de tres años.
Sin embargo, la marca ha reducido en el País sus gasolineras, reflejan datos de la consultora PetroIntelligence con base en estadísticas de la Comisión Nacional de Energía (CNE).
Lo mismo sucedió con las británicas Shell y BP, la también estadounidense Chevron, la española Repsol y la francesa Total, que prácticamente desapareció del mercado nacional.
En noviembre pasado, en el marco de consultas rumbo a la renegociación del T-MEC, la industria del petróleo y gas de EU acusó al Gobierno de México de violar impunemente el tratado comercial y urgió a la Administración Trump a insertar un Mecanismo de Respuesta Rápida que evite discriminaciones a favor de Pemex.
Las empresas estadounidenses, entre ellas ExxonMobil, Chevron y Shell, consideraron que sus recientes inversiones en México, que van desde la expansión de la producción de petróleo y gas natural hasta la venta minorista de combustible, «están en peligro, lo que los lleva a tener que retirarse».
Susana Cazorla, especialista en el sector energético, refirió que cuando se abrió el mercado gasolinero en 2015 se buscaba que las estaciones no estuvieran obligadas a lidiar con Pemex y que, si decidían operar con la empresa estatal, sería por eficiencia y mejores condiciones.
Las grandes marcas intentaron poner instalaciones de almacenamiento para importar producto y abastecer sus propias estaciones, y sólo comprar a Pemex lo que hiciera falta, dijo.
«Pero en 2018, de manera ilegal, se detuvieron los permisos de almacenamiento, de importación de gasolina y diesel, de bandera blanca, entre otras», expuso, «y las empresas detuvieron sus planes de aumentar su presencia en el País».
Los datos de PetroIntelligence señalan que en 2022 Pemex alcanzó el menor número de estaciones con su marca y ha empezado a captar más franquicias.
«Hubo una batalla directa e ilegal para obligar a las estaciones de servicio y comercializadores a comprar a Pemex, pese a que ésta no tiene capacidad para abastecer el mercado, porque no produce lo suficiente y debe importar», señaló la especialista.
“Luego vinieron los precios controlados, restringiendo los márgenes operativos, además del ‘huachicol fiscal'», afirmó. «Las estaciones tienen que protegerse de la autoridad, de la política pública, de Pemex y además del robo de combustible de grupos organizados».
Añadió que el panorama para esos grupos empresariales se complica más con la ley que considera a Pemex como empresa pública del Estado, ya que plantea que sus actividades no son consideradas monopólicas, incluyendo el mercado gasolinero.