ZACATECAS. La secretaria de Planeación Municipal, Evelia Díaz Franchini, aseguró que no se le ha sancionado ni ha cometido un delito como lo hizo parecer la difusión parcial de una resolución del Órgano Interno de Control (OIC) del Poder Legislativo, relacionada con la devolución de aproximadamente 100 mil pesos por pagos recibidos del Congreso del Estado mientras ocupaba de manera paralela un cargo en el Ayuntamiento de Fresnillo.
Expuso que la publicación sesgada del documento ha causado un daño a su reputación personal y profesional. “La resolución no es definitiva y aun así se me ha golpeado mediáticamente. Esto va a salir adelante y quien actuó de esta manera tendrá que asumir su responsabilidad, incluso ofreciendo una disculpa pública”, puntualizó.
EL CASO A DETALLE
La funcionaria local rechazó que el hecho de haber desempeñado dos cargos en la administración pública constituya una falta administrativa o un delito.
En este, sentido recordó que fue invitada a colaborar en el Congreso del Estado como auxiliar jurídico, al tiempo que, por las mañanas, se desempeñaba como directora de Catastro municipal durante la administración de Saúl Monreal Ávila.
“Esto fue conocido y autorizado por las autoridades. En administraciones anteriores no existió observación alguna”, enfatizó.
Además, señaló, el fondo del procedimiento deriva de un error administrativo de la Legislatura, pues se le continuó depositando a su cuenta bancaria incluso después de que solicitó licencia
Aclaró que no tenía manera de rechazar transferencias electrónicas y que, al detectar montos que consideró elevados, acudió personalmente a solicitar una aclaración. “Los primeros pagos los entendí como prestaciones proporcionales, como aguinaldo, prima vacacional y un bono de productividad”, explicó.
No obstante, dijo, desde el inicio se firmó un convenio para reintegrar los recursos que no le correspondían, y confirmó que realizará la devolución conforme a lo establecido.
Subrayó que, aunque la resolución menciona una falta administrativa por “descuido”, la propia Legislatura se abstuvo de imponerle una sanción, hecho que fue omitido en la información difundida públicamente.
ACCIONES POR EMPRENDER
Díaz Franchini no descartó que la situación configure un caso de violencia política, al señalar que el diputado Martín Álvarez Casio habría utilizado una posición de poder para influir en el órgano investigador y dañar su imagen pública.
Finalmente, reiteró que agotará todas las instancias jurídicas para que el caso sea revisado con apego a la legalidad y adelantó que también evalúa acciones por daño moral.