ZACATECAS. La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (Rema), junto a organizaciones nacionales e internacionales, solicitó en una carta a autoridades de los tres órdenes de gobierno detener el proyecto de la presa Milpillas en Jiménez del Teul y Sombrerete, que se ha promovido como obra prioritaria en el Plan Nacional Hídrico 2024–2030.
El documento fue dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al gobernador David Monreal Ávila y a las administraciones de los municipios mencionados, así como a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Procuraduría Agraria (PA).
La Rema precisó que la obra pretende desviar alrededor del 92 por ciento del caudal del río Atenco, lo que afectaría de forma irreversible el ecosistema y los medios de vida de las comunidades aledañas, así como el derecho humano al agua, al territorio, a la alimentación y a la salud, consagrados en la Constitución.
Añadió que el proyecto, con un costo estimado superior a los 9 mil millones de pesos, “representa una decisión financieramente injustificada, ambientalmente destructiva y socialmente regresiva”.
UNA DÉCADA DE OPOSICIÓN
La asociación recordó que los núcleos agrarios de Atotonilco, El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales han manifestado durante más de 10 años su rechazo firme al proyecto, con información respaldada por estudios científicos.
Refirieron que investigadores de la Unidad de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) demostraron la inviabilidad técnica, científica y económica del proyecto para resolver la crisis hídrica de la región.
Esto, al señalar que “el déficit de los acuíferos supera los 262.5 millones de metros cúbicos anuales, mientras que la presa apenas aportaría 41 millones, lo que implicaría la necesidad de al menos siete presas adicionales para cubrir la demanda mínima”.
La Rema resaltó que se han propuesto alternativas sustentables bajo el concepto del “Camino Suave del Agua”, que prioriza la eficiencia en el uso del recurso, la restauración ecológica, la justicia hídrica y el bienestar social, con menor costo económico y menor impacto ambiental.
Por otra parte, reprochó que la postura de los habitantes contra la presa ha derivado en restricciones arbitrarias, como el acceso a vacunas, apoyos sociales y obras públicas, así como amenazas de cobro por el uso tradicional del agua del río o intimidaciones contra ejidatarios y defensores del territorio.
Incluso, advirtió, el uso de fuerza policial, hostigamiento y persecución por parte de la Guardia Nacional (GN), así como la actuación del procurador agrario de Zacatecas, Francisco Pérez Compeán, quien promueve la presa y condiciona la atención institucional.
PETICIONES
La asociación sostuvo que, ante los hechos mencionados, exigen la cancelación definitiva e inmediata del proyecto de la presa Milpillas.
Asimismo, solicitó una investigación, tanto administrativa como penal, contra Pérez Compeán y contra el alcalde de Jiménez del Teul, Daniel Cisneros Esparza, por la negativa de atención institucional y el condicionamiento de servicios públicos.
Además, la revisión de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público (MP), el Mecanismo de Protección y las comisiones tanto estatal como nacional de Derechos Humanos, con el fin de garantizar justicia, reparación integral y garantías de no repetición.
Por último, los afectados responsabilizaron al Estado mexicano, encabezado por Sheinbaum Pardo, “de cualquier agresión, acto de violencia o violación a los derechos humanos que ocurra en los territorios o contra las personas defensoras.
“Reiteramos que la defensa del agua, del territorio y de la vida no es un delito, sino un derecho legítimo y una obligación ética”, aseveraron.