Derechos de las personas adultas mayores
Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para el 2050, del 20 al 25 por ciento de la población de América Latina y el Caribe tendrá 65 años o más; esto tiene amplias implicaciones en temas relacionados con la discriminación, la jubilación, los desplazamientos o desalojos, el derecho al cuidado, entre otras muchas prerrogativas que se derivan o se asocian con la edad.
En México existe legislación especializada en materia de personas adultas mayores y en América contamos con una Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las personas adultas mayores desde 2015, misma que entró en vigor en el 2017; sin embargo, nuestro país la ratificó hasta el 2023, a pesar de que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en México surge en el 2002.
Todos los derechos consagrados en esos documentos son importantes, pero podemos clasificarlos a partir de algunas premisas. Algunos de los derechos de las personas adultas mayores requieren una especie de preparación previa, a fin de garantizar que, llegado el momento, se puedan ejercer de manera plena, como el derecho a la jubilación digna, el derecho al cuidado a largo plazo, entre otros.
Otros derechos son aquellos que tenemos todas las personas independientemente de nuestro grupo etario pero que, su vulneración, por razones de edad, sitúa a la persona en una doble o triple vulneración, como es el caso de las mujeres, indígenas, migrantes, privadas de su libertad, afrodescendientes, LGBTIQ+, en situación de discapacidad, pobreza o pobreza extrema.
Los derechos humanos de las personas adultas mayores implican una revalorización del rol social que cumplen estas personas en la sociedad, así como la atención progresiva a las problemáticas asociadas con la edad como cuestiones de salud y consentimiento informado, alimentación, vivienda, cuidados, acceso a la cultura digital, derecho a la información, derecho a la jubilación, a la participación social, derechos políticos, libertad de expresión, entre otros muchos.
Prepararnos como sociedad para garantizar los derechos humanos de las personas adultas mayores, pero también prepararnos como personas para exigir esos derechos llegado el momento, es una de las grandes tareas que ahora enfrentan la mayoría de los países que no desarrollaron políticas públicas adecuadas para los cambios en las pirámides poblacionales.
En su momento, fueron tantas las estrategias implementadas para contener el crecimiento poblacional, disminuir la tasa de natalidad, incrementar la calidad de vida, mejorar las condiciones de salud, el desarrollo e implementación de estrategias para prolongar la vida de las personas, de tal forma que muchos países no previeron la disminución de la población como un elemento que pone en riesgo el sistema de pensiones y jubilaciones, así como tampoco consideraron el envejecimiento de la población, los costos que ello traería y las adecuaciones al sistema de salud que conllevaría.
En pocas palabras, podemos desarrollar un sistema jurídico que, en la letra, proteja los derechos de las personas adultas mayores, pero que en la realidad no cuenta con el sustento económico, político y social para su adecuada implementación.