ZACATECAS. Este jueves, la Legislatura local aprobó con 23 votos a favor un punto de acuerdo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) para exhortar a las autoridades federales a crear un fondo de compensación patrimonial para quienes sufrieron afectaciones patrimoniales, por daños colaterales que ha dejado el crimen organizado.
Cabe señalar que el 22 de febrero Zacatecas resintió la violenta reacción del crimen organizado luego de que fuera abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, en Tapalpa, Jalisco.
En el territorio zacatecano, principalmente en la zona colindante con Jalisco, se reportaron bloqueos carreteros, incendios, balaceras, cierre de comercios y suspensión de actividades, con saldo oficial de un civil muerto, dos detenidos y múltiples daños materiales.
“Yo les decía hace un par de semanas que desafortunadamente, producto de la detención de un líder criminal, hubo muchos daños colaterales, y dentro de esos daños colaterales, a muchas personas les quitaron no solo su medio de transporte, sino las herramientas con la cuales ellos trabajan, llámese a esto sus autobuses, sus camionetas”, dijo la diputada Renata Ávila Valadez.
Consideró que la creación de un fondo de compensación pudiera conformarse de recursos federales y de bienes decomisados al crimen organizado.
Advirtió que los afectados no están vinculados con la delincuencia organizada y en ningún momento voluntariamente pusieron a disposición sus vehículos para los grupos criminales.
Agregó que los daños han recaído sistemáticamente sobre personas de escasos y medianos recursos económicos, entre ellos trabajadores del transporte público y de carga, agricultores, comerciantes, habitantes de zonas rurales y semiurbanas, para quienes la pérdida de un vehículo u otro objeto patrimonial representa con frecuencia el quebranto de su único medio de trabajo y de sustento familiar.
Las pólizas de seguro privado en nuestro país excluyen la mayoría de las veces los daños ocasionados por actos que las aseguradoras clasifican como perturbaciones al orden público o situaciones asimilables a conflictos armados, dejando sin cobertura incluso a quienes contaban con un seguro contratado al momento de los siniestros, expuso la legisladora petista.
La Ley General de Víctimas y los mecanismos nacionales de la ley de atención a víctimas están diseñados principalmente para atender daños a la integridad física y psicológica, sin contemplar de manera específica y con procedimientos ágiles la reparación del daño patrimonial sufrido por civiles en el contexto de violencia por delincuencia organizada.
En ese sentido, insistió en el llamado a crear un fondo específico, accesible y concreto, que permita compensar a personas físicas por la destrucción de vehículos y herramientas de trabajo a causa de actos violentos del crimen organizado.
TRANSPARENCIA
En otro punto, la legisladora Teresa López García propuso un exhorto al gobernador David Monreal Ávila para que se nombre al responsable de Transparencia para el Pueblo, dependiente de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
“El nombramiento no se ha hecho público y el plazo legal se encuentra rebasado, por ende, es de suma importancia que ya se designe al titular a la brevedad posible ya que el derecho de acceso a la información pública, así como las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, constituyen condiciones esenciales para una democracia funcional”, dijo la panista.
VACUNACIÓN
La diputada Georgia Miranda Herrera llamó a la Secretaría de Salud a seguir fortaleciendo las campañas de vacunación. Refirió que se tiene en el estado una actuación para la contención del brote de virus del sarampión.
“De acuerdo con los informes epidemiológicos más recientes, nuestra entidad registra 22 casos confirmados acumulados desde el inicio del brote y cero defunciones asociadas, cifras significativamente menores en comparación con otros estados del país”, expuso.
También se aprobó otro exhorto, propuesto por el legislador Óscar Novella Macías, para que el gobierno federal trabaje un plan para la reubicación de las vías del tren que pasan por zonas urbanas, como la capital del país.
Además, se aprobó un dictamen de reforma a la Ley del Servicio Civil para proteger a las organizaciones sindicales de actos de injerencia externos, dentro de sus procesos internos.