La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, informó que están en proceso de evaluación de impacto ambiental los proyectos de la presa Milpillas, así como de las minas San Nicolás, en Villa González Ortega, y Cerro de Oro, en Melchor Ocampo.
Este miércoles, de visita en Zacatecas, la funcionaria federal explicó que, en el caso de Milpillas, el proyecto aún no tiene una determinación definitiva, ya que la autoridad analiza la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada.
“Tenemos la MIA y estamos haciendo la evaluación; le hemos pedido información adicional a los promoventes y estamos en espera de que nos la entreguen”, detalló en entrevista al salir de una reunión con el gobernador David Monreal Ávila.
Bárcena Ibarra adelantó que dentro del proceso de evaluación también se contempla una consulta pública, la cual se realizará próximamente con el fin de incorporar la opinión de la ciudadanía antes de tomar una decisión final sobre el proyecto de la presa Milpillas.
Destacó que se trata de un proyecto antiguo, por lo que la revisión que hace la Semarnat busca actualizar las condiciones y analizar tanto los beneficios como el impacto ambiental que podría generar.
Cabe señalar que el costo total de la obra, considerada prioritaria dentro del Plan Nacional Hídrico, considera una inversión de 9 mil 769 millones 880 mil 991 pesos, de los que el gobierno federal prevé etiquetar 2 mil millones para este año.
IMPACTO HÍDRICO DE MINAS
El encuentro entre la titular de Semarnat y el gobernador se enfocó en el acompañamiento institucional en el desarrollo de la actividad minera y en la revisión de iniciativas vinculadas al uso responsable del agua.
Alicia Bárcena dio a conocer que dos proyectos mineros importantes para Zacatecas están en evaluación por parte de Semarnat para la expedición de permisos, ya que actualmente se realiza el análisis del uso del agua y las medidas ambientales posteriores a la explotación.
Los proyectos son minas de San Nicolás, en Villa González Ortega, y Cerro de Oro, en Melchor Ocampo, los cuales aclaró que “no han incumplido” la normatividad ambiental, pero aún están en revisión dentro del proceso de evaluación de la MIA.
En el caso de San Nicolás, especificó que el principal punto a resolver con la empresa es “el abastecimiento de agua”, ante el contexto del estrés hídrico en la entidad.
Una alternativa que se explora con la empresa es que “puedan utilizar aguas residuales” en los procesos de la mina, con el objetivo de evitar el uso de líquido limpio.
Destacó que este proyecto minero considera una inversión superior a los 20 mil millones de pesos, que podría representar un impulso económico para el estado.
En cuanto al proyecto Cerro de Oro, la secretaria afirmó que la evaluación también se centra en el impacto hídrico, por ello se buscan alternativas que reduzcan el consumo de agua potable en los procesos mineros.
Explicó que, además del uso de agua, la Semarnat exige a las compañías incluir desde ahora los planes de remediación ambiental una vez concluida la actividad minera, incluso si la operación termina dentro de varias décadas.
“Cuando termine la operación de cualquier mina tiene que haber remediación y restauración del terreno impactado, eso debe estar incluido en el proyecto”, puntualizó.
Reiteró que la minería es una actividad relevante para Zacatecas, por la generación de empleo, inversión y desarrollo económico, pero advirtió que su desarrollo debe cumplir con criterios ambientales y sociales, particularmente en lo relacionado con el manejo del agua y la recuperación de los ecosistemas al finalizar las operaciones.
Piden rechazar MIA para presa
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) expuso a la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, que con argumentos se ha demostrado que la presa Milpillas no es una opción viable ante la crisis de agua que enfrenta Zacatecas, por ello solicitaron a la funcionaria federal rechazar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Mediante un video difundido en redes sociales, aseguraron que este es el posicionamiento de ejidos afectados por la presa Milpillas, junto con 40 expertos en gestión de agua y temas socioambientales, incluidos académicos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Señalaron que, el 25 de septiembre, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hizo pública una nueva MIA de la presa Milpillas en Jiménez del Teúl, pero al revisarla observaron que se trata del mismo documento del proyecto promovido desde 2015: mismas dimensiones, mismo sitio y discurso, con apenas mínimos cambios.
Advirtieron que no hay justificación técnica y ecológica sólida; la MIA, puntualizaron, reconoce un déficit de 262.4 millones de metros cúbicos de agua por año, pero no su recuperación, solo dice atender su abatimiento.
Asimismo, la presa pretende la oferta con apenas 41 millones de metros cúbicos anuales, lo que significa menos de una sexta parte del déficit.
Puntualizaron que existe simulación y falta de rigor científico, pues de las 445 páginas de la MIA una parte considerable se dedica a la flora y fauna, pero solo del embalse, dejando fuera especies de diversos ecosistemas río abajo.
Además, que se ignora la retención de 41 millones de metros cúbicos de agua por año, equivalentes a 92 por ciento del caudal del río, provocando afectación a los ecosistemas y un desequilibrio ecológico grave.
Explicaron que no se presentan cálculos sobre escurrimientos medios mensuales del río Atenco ni especifica el caudal ecológico mínimo para preservar el ecosistema. Tampoco evalúa impactos sobre comunidades y actividades productivas que dependen del río.
También, el estudio no reconoce el territorio y la población afectada, pues afirma que el área no tiene un uso actual definido, ignora los usos agrícolas, ganaderos y culturales, así como el vínculo histórico de las personas con el territorio.
Por otra parte, Rema expuso la falta de transparencia financiera porque es costo estimado es de 8 mil 889 millones de pesos, casi tres veces más que en 2015, sin incluir operación, requerimientos energéticos para bombear el agua ni fuentes de financiamiento y no existe una evaluación real de las alternativas.
Solo plantea construir con medidas paliativas mínimas, ignorando los daños socioambientales que el proyecto acarreará, acusaron. Por lo anterior solicitaron a Alicia Bárcena no autorizar el MIA.