CDMX. La presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que su iniciativa de reforma constitucional en materia electoral es una apuesta para fortalecer la democracia y la confianza ciudadana, mas no para afectar la autonomía de las instituciones, perjudicar a grupos determinados o restringir el pluralismo político.
Asegura que la actualización de la Carta Magna en materia electoral responde a demandas para incrementar la confianza ciudadana, perfeccionar las instituciones democráticas y garantizar que el Poder responda a la gente.
«No se trata de modificar las reglas democráticas por razones circunstanciales, ni de afectar la autonomía de las instituciones para favorecer o perjudicar a personas o grupos determinados. Se trata de mejorar el marco constitucional para fortalecer la confianza ciudadana, la legitimidad institucional electoral y la funcionalidad del sistema democrático», expone.
Al inicio de su Gobierno presentó un Plan Nacional de Desarrollo, integrado -entre otros ejes- por Gobernanza con Justicia y Participación, donde -aseguró- la evaluación en la materia arrojó una «débil» participación ciudadana en los asuntos públicos y empleo de métodos de democracia participativa.
También identificó nepotismo electoral, vulneración del principio de austeridad republicana, alto costo del sistema electoral, burocracias electorales injustas y una débil representación política.
Por ello, trazó siete objetivos, entre ellos la disminución del costo de elecciones y gasto a partidos y el «fortalecimiento» de mecanismos institucionales para garantizar mayor equidad en la representación política.
La Mandataria indica que antes de 2018, el incremento en el gasto electoral llevó a un distanciamiento entre las instituciones democráticas, sus representantes y la ciudadanía, por lo que propuso un recorte al gasto que -afirma- no busca coartar el pluralismo.
«La revisión de los esquemas de financiamiento político, de los costos institucionales y de las estructuras del aparato electoral debe entenderse como un proceso de fortalecimiento democrático y no como una restricción al pluralismo político», justifica.
Por otro lado, la titular del Ejecutivo defendió que su iniciativa no acaba con la representación proporcional, sino que el objetivo es que los representantes legislativos tengan un vínculo «real» con los votantes.
«La reforma que se propone no elimina el principio de representación proporcional, por el contrario, revalora su papel democrático de representación de las minorías, busca atender la crítica social a la designación cupular de los legisladores plurinominales al margen de la voluntad de la militancia y de la ciudadanía.
«(…) Se propone perfeccionar el actual modelo sin obstaculizar la pluralidad, pues mantiene un sistema mixto con la distribución vigente, 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, con las mismas reglas de distribución, pero le devuelve a la ciudadanía el poder, básico en una democracia, de elegir a sus representantes», fundamenta.
Sheinbaum también busca que, a través de las consultas ciudadanas, se «consolide» la vida democrática del País y que la población no tenga simplemente una función electoral, sino que incida activamente en las decisiones.
«Que la ciudadanía no se limite a una función meramente electoral, sino que se constituya como un sujeto activo dentro del proceso democrático, en congruencia con los principios de deliberación pública, legitimidad institucional, planeación y rendición de cuentas que caracterizan a un Estado democrático de derecho», añade.
Además, la presidenta pide que esta propuesta de cambios no se entienda como una ruptura, sino la continuidad «histórica» del constitucionalismo mexicano, para adaptarla a los desafíos actuales.